La recién nombrada ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, considera que la organización territorial en autonomías ha contribuido a acercar las políticas públicas a los ciudadanos. "Esa proximidad hace que haya una mejor prestación de los servicios básicos", sostiene Rodríguez sobre su defensa de las competencias autonómicas. Siguiendo esa línea, insiste en que su responsabilidad política es "hacer pedagogía de entendimiento" para mejorar la cohesión social de España.
Independentismo catalán
Desde el independentismo catalán se reprocha que el Gobierno de España no hace propuestas concretas para cumplir sus expectativas en relación al cambio de modelo territorial. Para Rodríguez, estos partidos "han tratado de imponer su planteamiento", pero el Gobierno ha dado "señales inequívocas de querer conciliar con la sociedad catalana y el Gobierno catalán también debería de hacerlo".
Ante la gran crispación política y social dentro de la sociedad catalana, la ministra no pretende que abandonen sus posiciones ideológicas, "pero quizás hay que atender primero lo más urgente". Como ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez formará parte de la mesa de negociación entre el Gobierno y Govern de Cataluña en un ejercicio para "avanzar en el diálogo, la concordia y que Cataluña salga de esa confrontación a la que ha sido sometida en los últimos años". Además, el lunes 2 de agosto, Rodríguez se reunirá con la Consejera de Presidencia de Cataluña para tratar estos asuntos.
Decreto de los interinos
El Congreso de los Diputados aprobó ayer el decreto sobre los interinos, con tan sólo un voto de diferencia. Sus socios le critican al Gobierno por no dialogar la propuestas con el resto de partidos, algo en lo que Rodríguez asegura que trabajarán porque "hay que normalizar mucho más el debate". En cualquier caso, la ministra se muestra a favor de la mejora del sector público y le preocupa especialmente la interinidad en el ámbito de la salud y la educación.
La inconstitucionalidad del estado de alarma
La semana pasada, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma aprobada con seis votos a favor y cinco magistrados en contra, lo que, según la ministra, demuestra que "no fue una sentencia pacífica" en términos jurídicos e "incluso el presidente del Tribunal Constitucional no es favorable al resultado de la sentencia".
Con la declaración del estado de alarma, el Gobierno actuó con el absoluto convencimiento de que se estaba haciendo lo mejor e insiste en la utilidad de las medidas aplicadas durante el estado de alarma, las cuales sirvieron para salvar muchas vidas. Por ello, "es normal que ahora el Gobierno defienda su posición".
La ministra insiste en que en aquellos momentos, fue definitiva una acción rápida para tomar decisiones concretas y España hizo lo que hicieron todos los países de su entorno, donde en todo momento "se fue proporcional en la limitación de los derechos". Asimismo, Rodríguez considera que "no había tiempo para ir a un Parlamento multipartidista a tomar en consideración el estado de alarma".
Fin de la obligatoriedad de las mascarillas
Sobre la decisión del Gobierno de levantar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior, Rodríguez defiende que "fue una medida ajustada a la situación que se vivía" tomada teniendo en consideración el interés económico de nuestro país. Lo que se ha producido son aglomeraciones sin mascarillas donde se ha incumplido la norma, ante lo que la ministra hace un llamamiento a la responsabilidad.
Por último, agradece el "trabajo impecable" de todas las comunidades autónomas en los calendarios de vacunación, que se ve reflejado en el liderazgo de España en la inoculación de vacunas y, a su vez, en la mejora de la economía.
