Déjame que te cuente que hay una realidad más invisible, pero tan preocupante, o más, que la de los desahucios para entender la crisis de vivienda. El precio de la vivienda en España está empujando a la pobreza a 770.000 trabajadores más, hasta casi 3 millones, según Oxfam. Es decir, la economía que más crece (porque España es la economía que más crece del mundo desarrollado, como el Gobierno se encarga a menudo de recordar), está también entre las que más pobreza está creando. El vicepresidente Carlos Cuerpo insistía en Antena 3 que hay motivos para el optimismo.
La economía que más crece está también entre las que más pobreza está creando
La economía española crece, es verdad. Pero la pobreza también. El Gobierno se encuentra en una situación paradójica en esta campaña electoral. Por un lado nos quiere convencer de que estamos mejor que antes, que la economía española está más sana, pero por otro quiere abanderar la lucha contra la crisis de vivienda, sin terminar de explicarnos cómo es posible que la crisis de vivienda no haya hecho más que empeorar en los últimos ocho años.
El alquiler es hoy uno de los principales generadores de desigualdad económica: una de cada tres personas trabajadoras que alquila a precio de mercado queda por debajo del umbral de la pobreza después de pagarlo. Y la situación es muchísimo peor si ese hogar tiene niños a cargo.
La pobreza laboral alcanza el 39,5% de los hogares formados por dos adultos y tres o más menores y el 29% en los monoparentales, ocho de cada diez encabezados por mujeres. Incluso con dos personas adultas trabajando o formando parte del hogar, la presencia de menores eleva significativamente el riesgo de pobreza.
El crecimiento sostenido de la economía no se traduce en una reducción significativa de la pobreza entre las personas que trabajan. La brecha entre crecimiento económico y bienestar es tan profunda que, al ritmo actual de reducción de la tasa, Oxfam calcula que España tardaría 59 años en alcanzar la media europea (8,2%). Así que hacer en la precampaña declaraciones demasiado optimistas sobre el gobierno que nos ha traído hasta aquí podría tener un efecto paradójico.
La precampaña empezó con la vivienda en el centro. Y cuando las soluciones que proponen unos y otros no convencen o, simplemente, quedan en un segundo plano, el partido que más sale beneficiado no es el que necesariamente proponga más soluciones, sino el que canalice mejor el enfado. Y, a juzgar por las encuestas, ese partido es Vox.
Un repentino interés por el Senado
Pero hablando de polarización, es interesante el repentino interés que ha despertado el Senado en esta precampaña electoral. De repente, el Senado está en el centro del debate.
Primero fue la izquierda acordando una candidatura conjunta a la Cámara Alta, y ahora son PP y Vox los que están acercando posiciones. Feijóo ha reconocido hoy en una entrevista en la cadena COPE que está negociando con el partido de Santiago Abascal para unir fuerzas en las elecciones del 29 de noviembre. Si lograsen tres quintos de la mayoría en el Senado, podrían hacer los nombramientos bloqueados al TC sin negociar con el PSOE. Cuatro magistrados del TC tienen el mandato caducado y su renovación depende del Senado.
Choque entre Tribunal Constitucional y Supremo
Hoy además el Constitucional está en el centro de la polémica después de los reproches muy explícitos que le ha hecho el Tribunal Supremo, que ha confirmado hoy la aplicación total de la ley de amnistía a los dirigentes del procés Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, asumiendo la doctrina fijada por el Constitucional sobre el delito de malversación.
La amnistía deja sin efecto por tanto, la pena de inhabilitación para ejercer cargo público que aún pesaba sobre ellos y por tanto, los cuatro líderes del procés amnistiados podrían presentarse a las elecciones nueve años después del 1-O.
Pero lo más inaudito del auto es que el Supremo dedica en su decisión un recado al Constitucional, reprochándole, entre otras cosas, "su innecesaria grandilocuencia" y llama "invasiva" su postura. Claro, que el Constitucional, a su vez, había atribuido al Supremo una "drástica contradicción", y lo acusó de alejarse del "sentido común" y de la "lógica" de la finalidad de la ley de amnistía, sin un elemental "nexo de coherencia".
No hace tanto que eran los líderes independentistas los que más criticaban los tribunales españoles que les juzgaban para minar su credibilidad. Una década más tarde, son los propios tribunales los que se atacan entre sí.
