La Policía Nacional ha liberado a 18 mujeres que eran explotadas sexualmente por una organización criminal internacional en clubes de alterne de Albacete y Murcia. La operación se ha saldado con la detención de 11 personas, incluidos tres cabecillas de la banda, que han ingresado en prisión provisional. La organización está acusada de ejercer la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, entre otros delitos.
El modus operandi consistía en captar mujeres extranjeras -mayoritariamente latinoamericanas- que se encontraban en situación de vulnerabilidad, tanto en sus países de origen como en Europa. Las engañaban prometiéndoles trabajo como camareras o prostitutas en España, pero nunca revelando las condiciones reales. La organización se hacía cargo de los gastos del viaje, en los que se incluían los billetes y las reservas hoteleras, y de esta forma ellas adquirían una deuda que ascendía hasta los 4.000 euros y que posteriormente eran forzadas a devolver ejerciendo la prostitución en clubes dirigidos por el entramado.
Las víctimas debían abonar diariamente 60 euros de alojamiento y tres más para tener luz en sus dormitorios y disponer de sábanas limpias, mientras que el montante del servicio sexual recaía sobre la organización. Además, con la intención de garantizar siempre la novedad entre los clientes, una persona de la trama se encargaba de trasladarlas entre los clubes manejados por la organización.
Las investigaciones se iniciaron en junio de 2024 después de que una mujer denunciase la existencia de una organización que podría estar llevan a cabo actividades compatibles con la trata de seres humanos con el fin de explotarlos sexualmente. Las diversas pesquisas permitieron a los agentes cerciorarse de la presencia del entramado criminal, cuyos integrantes eran de origen español y latinoamericano, y que se asentaban en Murcia y Albacete.
La trama contaba con varios domicilios dedicados a la elaboración y adulteración de cocaína y al cultivo de marihuana, que se vendía en los locales que regentaban. La droga era entregada a las encargadas de los establecimientos, quienes se encargaban de su distribución y almacenamiento. En la última fase de la investigación se realizaron cinco registros en los que se incautaron de tres armas de fuego; un kilo y medio de cocaína; 18.000 euros en efectivo; cuatro vehículos; bolsas de marihuana; los instrumentos para la elaboración; preparación y venta de droga; varios teléfonos móviles y documentación de relevancia para la investigación.
