Hoy, lunes 13 de abril de 2026, comienza el juicio de uno de los casos más enigmáticos relacionados con la lotería en España. Catorce años después de los hechos, la Audiencia Provincial juzga al lotero coruñés acusado de intentar apropiarse de un boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones de euros. Trataba de cobrarlo como si fuera suyo, pese a que pertenecía a un cliente que falleció sin saber que había ganado.
Todo ocurrió en julio de 2012, cuando el legítimo dueño acudió a una administración de loterías para comprobar varios boletos. Uno de ellos resultó premiado con una cantidad millonaria, pero el lotero, plenamente consciente del valor del resguardo, ocultó al cliente que había ganado e intentó cobrar el premio por su cuenta.
Para ello, con el objetivo de agilizar los trámites y hacer efectivo el cobro como supuesto legítimo poseedor, habría contado con la colaboración de su hermano, que en aquel momento era delegado provincial de Loterías en Galicia.
Durante años, el caso estuvo rodeado de incógnitas. El lotero defendió que había encontrado el boleto abandonado en su establecimiento, una versión que fue cuestionada por la investigación policial. Sin embargo, la terminal de la administración reveló que el premio fue detectado cuando el cliente aún estaba presente y que se ocultó deliberadamente.
La búsqueda rocambolesca del afortunado
Manuel Eugenio Reija, dueño de la administración, pasó varios años concediendo entrevistas insistiendo en la necesidad de encontrar al afortunado. Un año más tarde, el Ayuntamiento de A Coruña abrió un "expediente de hallazgo" para encontrar al dueño del billete premiado, al que acudieron más de 300 individuos que afirmaban ser los creadores de la combinación ganadora.
Por su parte, el lotero argumentaba que no había aparecido el propietario y, por tanto, tenía derecho a cobrar el montante. Para determinar el verdadero dueño del boleto, la policía halló hasta 11 huellas dactilares en el resguardo que permitieron acotar las posibilidades. La identidad del verdadero ganador no se confirmó hasta años después del comienzo del caso.
Tras años de búsqueda y con intervención policial incluida, en 2021 se detectó que el legítimo ganador había muerto en 2014 sin haber llegado a cobrar el premio. Ahora, son sus herederos quienes reclaman la cantidad.
El dueño de la administración y su hermano, acusados de estafa
El Ministerio Público solicita para el lotero una pena de hasta seis años de prisión por estafa o apropiación indebida, mientras que para su hermano pide penas similares por delitos relacionados con el encubrimiento o el blanqueo de capitales.
El juicio, que contará con decenas de testigos, deberá esclarecer si se trató de un hallazgo casual, como sostiene la defensa, o de una maniobra para apropiarse de uno de los premios más polémicos de la historia reciente de la Primitiva. Mientras tanto, los casi 5 millones de euros siguen sin dueño definitivo, a la espera de una sentencia que ponga fin a más de una década de incertidumbre.
