En medio del ruido político, de los titulares y del desgaste provocado por las sombras del caso Cerdán, un centenar de nombres propios del mundo de la cultura, el derecho y la política ha alzado la voz.
Bajo el título "Por avances en derechos sociales y políticos, contra los intentos de involución", han firmado un manifiesto en el que defienden la legitimidad del actual Gobierno, reclaman preservar los logros sociales conseguidos hasta ahora y denuncian lo que consideran una campaña coordinada para desestabilizar la legislatura.
Entre los firmantes figuran referentes como Pedro Almodóvar, Elvira Lindo, Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Loles León, Rosa Montero o Rodrigo Sorogoyen.
También apoyan el texto algunos exministros socialistas
En el ámbito político, apoyan también el texto exministros socialistas como Leire Pajín, Jesús Caldera o Juan Fernando López Aguilar, junto a expresidentes como Manuel Chaves o José Montilla.
"No se puede derribar un Gobierno por un informe policial"
En el manifiesto, los firmantes reconocen que los hechos investigados en torno a los exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, son "graves" y suponen "crasos errores". Pero, al mismo tiempo, advierten que no puede permitirse que un Ejecutivo elegido democráticamente caiga sin un juicio previo con garantías.
"Es inadmisible que un Gobierno, democráticamente elegido, caiga por un informe de la Guardia Civil antes de celebrarse un juicio con todas las garantías en el que se acreditase la responsabilidad de la presidencia o del partido afectado", sostienen.
Desde su punto de vista, el intento de tumbar la legislatura sin que exista ni una moción de censura ni una convocatoria electoral sería un ataque directo a la Constitución.
"Pretender acortar la legislatura por otros métodos supondría un golpe inconstitucional. Aquellos que solicitan que se celebren ya elecciones, sean de derechas o de izquierdas, lo único que desean es que llegue un gobierno de las derechas PP-Vox", remarcan.
Una ofensiva desde "todos los frentes reaccionarios"
El documento va más allá del caso judicial y pone el foco en lo que describe como una ofensiva política y mediática sin precedentes. "El ataque, desde todos los frentes conservadores y reaccionarios, al Gobierno de coalición progresista y su presidente se asemeja más a una conspiración para derribar a un gobierno legítimo que a la crítica política propia en un sistema democrático", afirma el texto, que acusa a las derechas de haber "puesto en cuestión el resultado electoral" con métodos similares a los utilizados por Trump o Bolsonaro.
En ese mismo sentido, denuncian el clima de crispación generado en la sociedad por el lenguaje violento que ha colonizado el debate público. "Las incriminaciones y calumnias han alcanzado niveles desconocidos en los parlamentos europeos", advierten. Se refieren a expresiones como "gobierno criminal", "capo de la mafia" o "Gobierno de corruptos", que consideran especialmente peligrosas por su capacidad para sembrar odio.
Justicia y medios
El manifiesto no pasa por alto la creciente ola de Xenofobia ni los ataques a sedes de partidos progresistas. "Los ataques a las personas migrantes y la vandalización de las sedes de partidos de izquierda recuerdan a las agresiones fascistas de épocas pasadas", lamentan. También apuntan al uso del Senado como herramienta para desgastar al Ejecutivo mediante de investigación sin base legal clara.
Del mismo modo, el documento señala la deriva de parte del poder judicial, denunciando protestas "fuera de la legalidad" y "prolongadas investigaciones con endebles bases probatorias", en referencia a las leyes aprobadas por el Congreso como la de la amnistía o la reforma judicial. Y se acusa directamente a los medios y redes sociales de haber creado un "clima político irrespirable" con "una orgía de falsas noticias o medias verdades".
