El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado este sábado al Gobierno federal detener de forma inmediata las expulsiones de migrantes irregulares hacia El Salvador, realizadas bajo el amparo de la llamada Ley de Enemigos Extranjeros. La normativa ha sido utilizada por la Casa Blanca para justificar la detención de personas acusadas de pertenecer a organizaciones terroristas. En su resolución, el alto tribunal prohíbe al Ejecutivo "trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde Estados Unidos hasta nueva orden de este Tribunal". La decisión contó con la disidencia de los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito.
La orden afecta particularmente a los detenidos ahora mismo en el centro de detención de Bluebonnet, en el norte del estado de Texas, acusados de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua. Al declarar a esta organización como entidad terrorista, la Administración Trump argumenta que acabó facultada para aplicar esta polémica ley, redactada en el siglo XVIII para su uso en tiempo de guerra.
La ley solo se ha invocado en tres ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para recluir a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento. La Administración Trump acabó empleando la ley para expulsar "en caliente" a los migrantes que identificaban como miembros de esta organización criminal, independientemente de su estatus migratorio y sin cumplir el protocolo necesario.