La presidencia Española logró el acuerdo de todos los países salvo Hungría, con una propuesta de última hora que logró despejar las dudas de Alemania sobre las posibles ventajas competitivas que podría obtener Francia a través de sus centrales atómicas.
"Me vais a permitir que os agradezca y os aplauda a todos por vuestro espíritu constructivo", dijo la vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, antes de que los ministros de Energía de los Veintisiete estallaran en aplausos.
El texto final tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo, con el objetivo de finalizar la reforma antes de que acabe el año.
Pero la ministra francesa, Agnès Pannier-Runacher, tomó la palabra tras el pacto para subrayar que se ha encontrado un "equilibrio que habrá que preservar estrictamente" en la negociación con la Eurocámara.
La Comisión Europea, los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la industria eléctrica querían acometer el ajuste de mercado y coincidían en las grandes líneas: facilitar el despliegue masivo de renovables con precios baratos y estables a largo plazo para acercar a la UE a sus objetivos climáticos y para alejarla de los hidrocarburos de Rusia.
Pero durante meses ha persistido un desacuerdo con una doble vertiente. Por un lado hay una dimensión ideológica que enfrenta a Francia con Alemania a propósito de la energía nuclear y, por otro, la desconfianza competitiva entre las dos grandes economías de la Unión Europea.
Alemania (con el apoyo de socios Países Bajos, Dinamarca, Italia, Dinamarca o Luxemburgo) teme que Francia (con el respaldo de países como Hungría, Rumanía, Croacia, Eslovaquia o Malta) consiga una fuente continua de ingresos en forma de ayudas de Estado para su industria a través de los llamados contratos por diferencia (CfD), mientras que un tercer bloque presionaba por cerrar el expediente cuanto antes.
Los CfD permiten que el Estado acuerde un precio estable por la compraventa de electricidad en un plazo fijo con un generador y después se devuelve al diferencia en función de si el precio final ha sido más alto o más bajo de lo pactado.
París quería que su potente parque nuclear pudiera beneficiarse de los llamados CfD, mientras que Berlín temía que las centrales atómicas amortizadas del país vecino generasen unos ingresos extraordinarios que puedieran revertir en la industria gala, mermando la competitividad germana.
El cisma eléctrico, prácticamente inalterado desde que la Comisión Europea presentara su propuesta original el pasado marzo, residía esencialmente en un artículo, el 19.b, que regula esos contratos.
La Presidencia española del Consejo de la UE había conseguido ya el respaldo -con matices- de Suecia, Bélgica Irlanda, Finlandia, Eslovenia, Lituania, Polonia, Estonia, Letonia, República Checa, Grecia y Portugal.
Este martes, en el consejo de ministros europeos de Energía celebrado en Luxemburgo, Teresa Ribera, en el papel de árbitro comunitario, presentó una nueva propuesta, la novena, buscando un término medio entre ambos bloques que resultó exitosa.
Se acordó que esos contratos por diferencia se puedan aplicar a todas las nuevas instalaciones de generación, las que amplíen su capacidad y extiendan su vida útil, independientemente de si se refiere a plantas nucleares u otras tecnologías, pero respetando que en algunos casos los CfD no se apliquen de forma automática sino que -como hasta ahora- deban obtener el visto bueno de la Comisión Europea a la luz del régimen de ayudas de Estado.
