El presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado que organizará una consulta popular en caso de que el Congreso argentino rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que se eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas.
"Si me rechazan el DNU, llamaría a un plebiscito o consulta popular", ha declarado en una entrevista con La Nación+ en la que ha pedido a los congresistas que expliquen por qué se "oponen a algo que beneficia a la gente", recoge la agencia de noticias Télam.
Milei ha considerado que quienes se oponen "no tienen conciencia de la gravedad de la situación" y ha alegado que quienes se manifiestan en contra de sus medidas "no pueden aceptar que perdieron" y que la "población eligió otra cosa".
"Esto apunta contra los corruptos que agarran algún negocio negociando alguna ley", ha aseverado el mandatario ultraderechista, que ha apuntado a que los legisladores contrarios "no pueden morder" más sobornos.
Los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo
Mientras que ha retado a sus opositores a que "intenten" desestabilizar su administración, ha aseverado que "los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo" que supongan sus medidas económicas, a pesar de que ha confirmado que a corto plazo no aumentará el salario de los empleados públicos ni beneficiará a los autónomos.
El mandatario ha manifestado que sus anuncios demuestran que su partido, La Libertad Avanza (LLA), ha sido "consistente" con lo prometido y ha señalado que "no hay tiempo" y que se requiere de "un shock de libertad y anticasta" en la economía porque "la situación es realmente complicada".
El pasado fin de semana, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2 argentino, a cargo de Esteban Furnari, admitió un recurso de amparo que pide la declaración de inconstitucionalidad contra el DNU, alegando que la norma implica una "desviación de poder y un abuso de derecho público".
Los sindicatos se movilizarán contra el decreto
La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, el principal sindicato del país, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el mayor sindicato de los trabajadores del sector público, se movilizarán este miércoles en contra del DNU.
El sindicato de los trabajadores públicos confirmó este martes que se uniría a la movilización convocada desde el pasado viernes por la CGT. La confirmación llegó ayer, una vez que se publicó en el Boletín Oficial que el Gobierno va a despedir a 7.000 trabajadores de la administración pública.
Este ha sido el detonante para que hicieran un llamamiento a "una nueva jornada nacional de lucha" en defensa de los trabajadores públicos y frente al ataque "de tal magnitud" a los derechos laborales.
Una cascada de demandas contra su decreto económico
Varias organizaciones sociales y sindicales plantearon la nulidad del DNU al considerar que no existe la emergencia aducida por el Ejecutivo para tomar estas severas medidas económicas.
Desde entonces, el goteo de demandas y peticiones de inconstitucionalidad del decreto de Milei ha ido incrementándose.
Algunos de los denunciantes, como el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aseguran que el presidente está intentando "sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes".
En el mismo sentido se han pronunciado otros denunciantes, que han acusado al Gobierno de "pretender avanzar con una estrategia de demolición sobre la sociedad argentina" y han solicitado que se suspendan los efectos del DNU por ser "inconstitucional y antidemocrático".
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, consideró que el decreto de desregulación económica es "completamente legítimo".
"¿Que puede llegar a haber reparos de los destructivos de siempre o de sectores que consideran de alguna manera que se les acabó el privilegio? No tengo dudas", reconoció Cúneo en una entrevista con el diario Clarín.
El ministro aseguró que la Justicia será quien tendrá que "analizar en forma imparcial" el DNU, y reiteró que él "no le tiene miedo a la ilegalidad".
De momento, los recursos presentados contra el decreto empezarán a tramitarse en el Fuero Contencioso Administrativo, aunque el decreto podría enfrentarse a demandas en otros tribunales del país.
