A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores español explica que la confiscación ha sido iniciada por el gobernador de Zulia, Omar Prieto, al mismo tiempo que denuncia que se hizo "sin respetar" las leyes de Venezuela, sin que existiese justificación que la fundamente e "incumpliendo" los compromisos adquiridos frente al Ejecutivo español.
Para Exteriores, esta medida "supone un perjuicio directo para el sector salud venezolano y para el abastecimiento de productos esenciales que benefician a la sociedad". Además, señala que representa "una violación del Estado de Derecho y una señal para los inversores nacionales e internacionales sobre la falta de seguridad jurídica existente en el país".
SM Pharma, fundada y dirigida por una familia de origen asturiano, trabaja desde hace cinco décadas en el país sudamericano. "La empresa ha demostrado estar comprometida con Venezuela, habiendo ofrecido a las autoridades ampliar su actividad productiva y comercial siempre que se aplique la ley y que se le permita operar con normalidad", indica Exteriores.
Según varios medios venezolanos, como 'Venezolana de Televisión', el gobernador Omar Prieto dijo que esta empresa fue abandonada por sus dueños, quienes estarían "complotados para dañar el suministro y entrega de medicinas" y que en 2018 "solo producían 3 productos para intentar declararla en bancarrota".
El jueves Nicolás Maduro visitó esta planta de medicamentos de SM Pharma en el estado de Zulia, sobre la cual afirmó en Twitter que "posee la capacidad para producir y satisfacer el 50% de la demanda nacional, de gran parte de los medicamentos necesarios para nuestro pueblo", a lo que añadió: "¡Una empresa recuperada en Revolución!".
No obstante, el Gobierno de España ha hecho un llamamiento a que se cumpla la legislación venezolana y cese la ocupación de la fábrica para que SM Pharma "pueda estar en condiciones de volver a ofrecer los medicamentos y productos farmacéuticos que necesita el pueblo venezolano".