Amnistía Internacional ha presentado en Londres un extenso documento en el que identifica a hasta 87 altos cargos iraníes que deberían ser investigados por crímenes de lesa humanidad, además de sacar a relucir la cadena de mando responsable de aplicar la política estatal de uso de fuerza letal para sofocar las protestas ciudadanas. Un nuevo informe que concluye que las autoridades iraníes dirigieron su represión -de manera desproporcionada- contra las comunidades kurda y baluchi.
La organización denuncia una impunidad intencionada
Los autores del informe aseguran que está más que demostrado que la impunidad sobre las violaciones graves de los derechos humanos por parte del régimen de Teherán ha sido y sigue siendo “sistémica e intencionada”. Por eso, exigen que los arquitectos de los crímenes cometidos en Irán para reprimir las protestas comparezcan ante la justicia internacional con el fin de impedir nuevas masacres. Y a la Asamblea General de Naciones Unidas le piden la creación y puesta en marcha de un mecanismo de justicia penal internacional para combatir la impunidad de los asesinatos sistemáticos en el país.
La investigación, de más de 1.000 páginas, ofrece exhaustivos detalles sobre los asesinatos, las torturas, las detenciones arbitrarias, las violaciones o la persecución por motivos políticos, étnicos, religiosos o de género cometidos durante los últimos años por el régimen de los ayatolás con el único objetivo de sofocar las protestas en la calle. Y documenta cómo las fuerzas de seguridad iraníes van equipadas con armas de fuego de uso militar y escopetas cargadas con perdigones de metal.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, avisa de que las abundantes pruebas recopiladas y analizadas en el informe no dejan lugar a dudas: "las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad para sofocar el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022”. Y denuncia que “lanzaron un ataque generalizado y sistemático contra una población civil que exigía dignidad, derechos humanos y un cambio político fundamental, de conformidad con una política estatal de uso de fuerza letal para aniquilar la disidencia”.
Este nuevo informe de Amnistía Internacional coincide con el cuarto aniversario del asesinato de la joven Mahsa Amini a manos de la llamada “policía de la moral”.
