La URJC pide cuatro años de prisión para Cifuentes por el 'caso Máster'

Así consta en el escrito de acusación de la universidad, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que detalla las penas a pedir para los acusados en la causa investigada por la juez Carmen Rodríguez Medel.

A finales de noviembre, la magistrada dio por concluida la instrucción y dictó el auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento. Este auto suponía el paso previo al juicio.

Además de a Cifuentes, se pide esta misma pena para el catedrático y exdirector del polémico máster de Derecho Autonómico Enrique Álvarez Conde; para la profesora de la Rey Juan Carlos Cecilia Rosado; y para la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito.

La universidad, que ejerce la acusación particular, expone que "procede imponer a cada uno de los acusados, de conformidad con lo prevenido en el artículo 390 del Código Penal, una pena de cuatro años de prisión, multa de veinticuatro meses con una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria caso de impago e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, así como inhabilitación especial por tiempo de seis años para ejercer cualquier empleo o cargo público.

Relato de los hechos

En el relato de los hechos, el escrito detalla que cuando se publicó la exclusiva sobre su falso máster, el pasado 21 de marzo, la exdirigente madrileña "dio instrucciones expresas a Feito para que ocultara dicha ausencia de mérito académico y con el fin de evitarle perjuicios a la primera, Feito instó a Álvarez Conde que creara - o diera instrucciones para crear - la documentación necesaria que justificara que había cursado el master con normalidad y superado todos los trámites necesarios para obtener del título, incluida la defensa del trabajo fin de master".

"Cifuentes era en aquel momento presidenta de la Comunidad de Madrid, Feito era asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria y Conde era catedrático de DerechoConstitucional en la Universidad Rey Juan Carlos", recalca en el texto el letrado que dirige la acusación de la URJC.

Con intención de ocultar "las irregularidades" en el master de Cifuentes, "Álvarez Conde se puso en contacto telefónicocon Cecilia Rosado Villaverde, que había sido una de sus discípulas ytrabajaba como personal laboral en la universidad, indicándole que procediera a elaborar ese mismo día un acta falsa de defensa del trabajo fin de master"

Agrega que "Cecilia lo realizó mediante la invención de la fecha, título del trabajo y composición del tribunal, remitiéndola por correo electrónico al rector" Javier Ramos, en nombre de Enrique para así crear apariencia de "verosimilitud" en dicho documento.

El mismo 21 de marzo, añade el escrito, para "la elaboración fraudulenta del acta del TFM" con la que Cifuentes pretendía simular "la existencia de la defensa del trabajo ante un tribunal públicoel día 2 de julio de 2012", la profesora Cecilia Rosado "simuló en la misma las firmas de Alicia López de los Mozos y Clara Souto Galván, con las que había hablado por teléfono ese día a los efectos de llegar a un acuerdo respecto a los trámites a realizar en la falsificación del acta".

Sigue detallando el escrito que "López de los Mozos --a quien se levantó la imputación-- era en aquel momento funcionaria de la URJC y Souto, personal laboral de la URJC.

"Durante el transcurso del día 21 de marzo de 2018, Feito llamó a Cecilia insistentemente con esta finalidad de elaboración de acta falsa y también para que redactara el trabajo en sí, a lo que doña Ceciliase negó, instándole entonces doña Teresa a que le facilitara la bibliografía necesaria para hacerlo por otros medios".

"Teresa anunció represalias en caso de que no se colaborara en la ocultación de las irregularidades. La acusada Cristina Cifuentes efectuó exhibición pública del acta falsificada a sabiendas de que en la misma, constaba la composición de un tribunal y la realización de la defensa del máster el 2 de julio de 2.012 y de que dicho tribunal no fue conformado y la defensa por tanto, no fue ", concluye el relato.

La URJC entiende que estos hechos son constitutivos de un delito de falsificación de documento público previsto en el artículo 390.1.1º, 2º, 3º y 4º del Código Penal, siendo los acusados responsables en concepto de autor.