La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado datos de interés en la información recibida de Irlanda y Estados Unidos sobre los correos y mensajes de WhatsApp del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por revelación de secretos en relación al novio de Isabel Díaz Ayuso.
En la documentación aportada por Irlanda, sobre los datos de Google, la Guardia Civil no ha visto "ningún correo nuevo de interés para la presente causa", y lo mismo ocurre respecto a la información que ha entregado Estados Unidos, en este caso sobre WhatsApp, donde "no existe ninguna información inédita de interés para la investigación".
Así lo recoge el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado en un nuevo auto, conocido este miércoles, en el que acuerda levantar el secreto de las dos piezas separadas que abrió para analizar el material que ambos países remitieron a España mediante sendas comisiones rogatorias.
El resultado de dicho análisis pericial, reconoce el juez, ha sido negativo para la investigación que dirige contra el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, sobre la presunta filtración de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía en su nombre haber defraudado a Hacienda, en busca de un pacto con el fiscal.
No hay mensajes sobre uno de los números
Al analizar la información remitida respecto a los mensajes de WhatsApp, la UCO informa al juez de que "no se han podido recuperar los mensajes" de uno de los números del fiscal general "que pudiesen ser de interés para la investigación, y en el otro número no hay datos sobre si tiene cuenta de esta aplicación de mensajería.
Y respecto a sus correos electrónicos, los agentes solo han encontrado en la información enviada por Irlanda un correo relacionado con la causa del que ya disponían: el que le envió la fiscal provincial de Madrid el 13 de marzo de 2024 con la denuncia del Ministerio Público a Alberto González Amador por presunto fraude fiscal y falsedad documental.
Este correo, el único que destaca la UCO de los 159 localizados en un archivo de la información enviada, ya fue intervenido por la Guardia Civil en el registro que realizó el 30 de octubre en el despacho del fiscal general.
Otros correos que Pilar Rodríguez envió al fiscal general ese 13 de marzo no han sido, sin embargo, hallados en la información recibida de las autoridades irlandesas, según la UCO.
El juez libró sendas comisiones rogatorias a ambos países -donde se encuentran las sedes de WhatsApp y Google- con el fin de que las compañías aportasen cuantos datos obraran en su poder respecto del fiscal general para intentar recuperar la información de sus móviles, que fue borrada, así como de una cuenta de correo.
En uno de sus últimos autos, el juez aludió a que la petición de información que cursó -limitada a los días 8 y 14 de marzo de 2024, en los que discurre la investigación- parecía haber sido "exitosa", si bien finalmente la UCO ha concluido lo contrario.
A la vista de que no hay datos de interés, el juez considera que no tiene sentido que las diligencias relativas a las comisiones rogatorias permanezcan bajo secreto, de modo que permite a las partes que puedan tener acceso al oficio de la Guardia Civil.
El dispositivo investigado
El juez instructor, Ángel Hurtado, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realizara un análisis detallado de toda la documentación enviada desde ambos países sobre el móvil del fiscal general.
Este dispositivo fue objeto de un registro en octubre de 2024, tras la apertura de una causa por parte del Supremo. Durante el registro, se incautaron diversos dispositivos electrónicos y documentación relevante. Sin embargo, el análisis inicial de la UCO reveló que el contenido del móvil había sido borrado intencionadamente en dos ocasiones el mismo día de la apertura de la causa .
Ante esta situación, el juez Hurtado solicitó a la Fiscalía General del Estado información sobre la normativa interna relacionada con el uso de dispositivos móviles y correos electrónicos, así como detalles sobre si el móvil del fiscal general fue formateado antes de su uso. Además también se quiere constatar si Ortiz además borró su correo de Google donde presumiblemente podría haber parte de esa información confidencial.
La investigación se centra en determinar si existió una filtración de información confidencial relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal. Se sospecha que dicha filtración pudo haber tenido lugar entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, periodo en el que se produjo una supuesta filtración de correos electrónicos relacionados con el abogado de González Amador .
El análisis de la documentación recibida por parte de la UCO será fundamental para esclarecer los hechos y determinar si se produjo una filtración indebida de información por parte del fiscal general. El juez ha declarado secreta la documentación recibida y ha instado a la UCO a realizar un examen pericial exhaustivo.
Este desarrollo se suma a una serie de diligencias en curso que incluyen la citación de testigos y la recopilación de pruebas adicionales. La investigación continúa bajo el más estricto secreto, y se espera que en las próximas semanas se produzcan avances significativos en el esclarecimiento de los hechos.
