La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha extendido al ámbito internacional la investigación de la trama Koldo. El caso de corrupción que salpica directamente al PSOE, según varias fuentes judiciales habrían revelado a The Objective, que parte del dinero recibido habría pasado por países como Armenia, Senegal, Túnez y República Dominicana.
La labor que afronta la UCO es colosal: seguir el rastro del flujo de capitales desde enero de 2014 hasta hoy, lo que exige examinar 479 cuentas bancarias repartidas entre 35 entidades, muchas de ellas con presencia internacional. Ocho de estos bancos tienen sede en Europa, entre ellos BNP Paribas (Portugal), Deutsche Bank y Commerzbank (Alemania), Société Générale y Crédit Agricole (Francia), ING (Países Bajos), HSBC (Francia) e Intesa Sanpaolo (Italia). Al otro lado del Atlántico figuran JP Morgan (Estados Unidos), Banco do Brasil y el ecuatoriano Pichincha. También está bajo la lupa el Bank of Africa, con sede en Marruecos y estrechos lazos con el círculo cercano del rey Mohamed VI.
Armenia en el punto de mira
Armenia se ha convertido en un nuevo foco de interés para los investigadores. En este país operaba Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), la empresa de Pepe Ruz, el constructor que más contratos recibió del Ministerio de Transportes y una figura clave dentro de la trama. Según informa The Objective, Ruz habría desviado parte de los fondos obtenidos a través de adjudicaciones públicas utilizando sociedades pantalla con sede en Armenia. En 2022, LIC logró un contrato valorado en 65 millones de euros junto a OPR, otra compañía bajo sospecha, gestionada por los hermanos Fernández Menéndez, cuñados de Fernando Merino, alto cargo de Acciona y viejo conocido de Santos Cerdán en Navarra.
El rastro del dinero ha llevado también a los investigadores hasta Senegal, donde Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) cuenta con una filial en Dakar. Se trata de una sociedad opaca que, según fuentes de la investigación, podría haber servido para canalizar fondos de origen ilícito. La estructura de estas empresas sugiere un diseño deliberadamente complejo, pensado para dificultar el seguimiento del capital y facilitar el blanqueo a través de paraísos fiscales o jurisdicciones con baja colaboración judicial.
Túnez, por su parte, se encuentra igualmente bajo escrutinio. Aunque aún no se ha determinado con precisión el rol que desempeñó en la operación, fuentes cercanas al caso señalan que se están analizando transferencias bancarias y posibles sociedades instrumentales ligadas a la red. La detección de movimientos financieros sospechosos con destino al norte de África refuerza la tesis de que la trama actuaba con una lógica transnacional, eligiendo enclaves con controles fiscales y judiciales más permisivos.
República Dominicana, el país donde habrían ido la mayoría de las mordidas
La investigación más avanzada se centra en República Dominicana, donde entre marzo de 2021 y agosto de 2022 se crearon al menos 14 sociedades, la mayoría a nombre de presuntos testaferros. Estas empresas abarcaban sectores como la distribución de medicamentos, material sanitario, pruebas médicas, construcción e inmobiliaria. Según los investigadores, el perfil de estas sociedades apunta a una operativa diseñada para canalizar y blanquear las comisiones irregulares obtenidas a través de contratos públicos adjudicados durante la pandemia.
Según declaró el empresario Víctor de Aldama ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, parte del dinero ilícito habría acabado en República Dominicana. En su testimonio, Aldama señaló directamente al exministro José Luis Ábalos, a quien acusó de ser el principal beneficiario de las comisiones irregulares. Afirmó, además, que el exministro habría acumulado una fortuna en el país caribeño, destino habitual de varios de los implicados, que lo visitaban con frecuencia para alojarse en complejos de lujo y operar con total libertad financiera.
Un dato que ha despertado el interés de los investigadores es el elevado número de vuelos oficiales con destino a esa región: desde marzo de 2021, los aviones Falcon del Gobierno realizaron hasta 118 escalas en República Dominicana, según reflejan los registros de vuelo.
