La declaración judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, las explicaciones de la directora de la Guardia Civil sobre el caso Leire Díez y una nueva sesión de control marcada por la crisis política centran la actualidad de este miércoles. A ello se suma el debate sobre el creciente absentismo laboral y la financiación de las bajas médicas. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.
Zapatero declara ante la Audiencia Nacional
A las nueve de la mañana está citado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional en calidad de investigado. Una comparecencia que abarca dos frentes judiciales distintos.
Por un lado, deberá responder por su presunta vinculación con el caso Plus Ultra y las sospechas de que pudiera haber percibido, directa o indirectamente, hasta dos millones de euros a través de la consultora Análisis Relevantes y de su amigo Julio Martínez, al que los investigadores consideran una pieza clave en la operativa investigada.
Por otro, tendrá que dar explicaciones sobre las joyas localizadas hace un mes en su despacho de Ferraz. La tasación realizada, que sitúa su valor en torno a 1,3 millones de euros, llevó al juez Calama a abrir una investigación por posibles delitos de fraude fiscal y contrabando.
El magistrado ha rechazado aplazar esta parte de la declaración al considerar que Zapatero ha dispuesto de tiempo suficiente para reunir la documentación necesaria que justifique la procedencia y titularidad de las piezas. Entre las incógnitas de la jornada figura conocer si la defensa optará por reconocer una eventual infracción fiscal alegando la prescripción de los hechos o si centrará su estrategia en cuestionar las pruebas recopiladas durante la investigación.
También habrá interés en comprobar si intenta desacreditar las conversaciones recuperadas del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, en las que se refiere al expresidente como “su pana”.
El caso Leire Díez y la presión sobre el Gobierno
En paralelo, la actualidad política sigue marcada por las derivadas del caso Leire Díez. Ayer tuvo ocasión de pronunciarse la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, quien negó cualquier participación en una supuesta trama destinada a desacreditar a la UCO o a otras unidades del instituto armado.
Sin embargo, su intervención no despejó todas las dudas. González reconoció contactos con Leire Díez, aunque redujo los encuentros a dos reuniones informales para tomar café y aseguró que en ellas no se abordó ningún asunto relevante.
La controversia persiste especialmente por la decisión adoptada el 11 de mayo del año pasado de activar el borrado automático de mensajes en las conversaciones mantenidas con la denominada fontanera. La directora no ofreció explicaciones concretas sobre este extremo. Posteriormente, fuentes de su entorno señalaron que Leire Díez continuó enviándole mensajes, aunque ella habría dejado de responder.
Mientras tanto, el Congreso celebra una nueva sesión de control al Gobierno. Pedro Sánchez deberá responder a las preguntas planteadas por Alberto Núñez Feijóo, la portavoz del PNV Maribel Vaquero y la líder de Podemos, Ione Belarra, en un contexto marcado por las dudas sobre la estabilidad de la legislatura.
La sesión llega además después de la polémica generada por la decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de impedir la votación de unas enmiendas impulsadas por PP y Junts para instar al presidente del Gobierno a convocar elecciones anticipadas.
La Mesa del Congreso justificó el veto argumentando que la convocatoria electoral es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno. Sus detractores sostienen, en cambio, que la iniciativa tenía un carácter meramente político y no vinculante, por lo que debía haberse sometido a votación.
Vuelve el debate sobre el absentismo laboral
Más allá de la actualidad política y judicial, vuelve a cobrar protagonismo el debate sobre el absentismo laboral en España. Según los datos manejados por la patronal, cada día faltan a su puesto de trabajo alrededor de 1,6 millones de personas.
La CEOE subraya que cerca del 90% de esas ausencias están relacionadas con bajas médicas y ha recuperado una antigua reivindicación: que sea la Seguridad Social quien asuma el coste de estas prestaciones desde el primer día. Actualmente, la financiación de las bajas durante los primeros quince días se reparte entre las empresas y la administración pública. Los empresarios consideran que el sistema actual genera una carga excesiva para las compañías.
Por su parte, la AIReF lleva tiempo alertando sobre la falta de mecanismos de control eficaces en materia de incapacidad temporal. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, llegó a plantear en su momento medidas para facilitar una reincorporación progresiva al trabajo, aunque aquellas propuestas no llegaron a concretarse. El incremento sostenido de las bajas laborales y su impacto económico vuelven así a situar el absentismo en el centro del debate público.
