Finaliza el plazo para la regularización extraordinaria de inmigrantes con cientos de miles de expedientes pendientes de resolución y dudas jurídicas sobre su encaje en el derecho europeo. Mientras tanto, el debate sobre inmigración sigue marcando la política nacional, condicionando las negociaciones en Andalucía y reabriendo la polémica sobre la conocida como Ley de Nietos. Además, el juicio del caso Kitchen entra en su recta final y la comisión del Senado continúa analizando las llamadas cloacas del Estado. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.
La regularización de inmigrantes entra en una fase decisiva
Lo primero es la espera, aunque todavía no se sabe de cuánto tiempo será. Finalizado el plazo para solicitar la regularización administrativa, centenares de miles de inmigrantes que ya residen y, en muchos casos, trabajan en España aguardan la resolución de sus expedientes. La previsión es que la mayoría obtenga una respuesta favorable, aunque sigue sin conocerse cuándo llegarán esas resoluciones.
Sindicatos y organizaciones sociales continúan denunciando el colapso administrativo provocado por el elevado volumen de solicitudes. El sindicato CSIF aseguró ayer que, pocas horas antes del cierre del plazo, todavía no se habían incorporado a la plataforma de gestión cerca de 500.000 expedientes, lo que dificulta el inicio de su tramitación.
Aunque la normativa establece un plazo máximo de tres meses para resolver cada solicitud, el Gobierno ha manifestado su intención de que, al menos, los solicitantes reciban una notificación provisional durante la próxima semana.
El número de peticiones ha superado ampliamente las previsiones iniciales del Ejecutivo, prácticamente duplicando las estimaciones realizadas antes del inicio del proceso. Esta situación ha llevado a distintas delegaciones de los ministerios del Interior y de Política Territorial a ofrecer a los funcionarios de Extranjería la posibilidad de seguir tramitando expedientes fuera de su jornada laboral, con una compensación de diez euros por expediente.
A las dificultades administrativas se suma ahora un nuevo frente jurídico. El Tribunal Supremo estudia si este proceso de regularización puede entrar en conflicto con el derecho comunitario, en particular con la Directiva de Retorno y con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Los gobiernos de Aragón y de la Comunidad Valenciana consideran que existen dudas suficientes y han solicitado al Supremo que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Ejecutivo rechaza esa interpretación y sostiene que los permisos concedidos únicamente habilitan para residir y trabajar en España, país donde estas personas ya desarrollan su vida. Además, defiende que, incluso si el TJUE concluyera en el futuro que la medida vulnera la normativa comunitaria, los permisos ya concedidos no podrían ser anulados.
La inmigración condiciona la política nacional
El debate migratorio continúa marcando también la política autonómica. Juanma Moreno no logró ayer ser investido presidente de la Junta de Andalucía después de que Vox mantuviera su rechazo, aunque tanto las posiciones del PP como las de la formación de Santiago Abascal evidencian que el entendimiento podría producirse en cuestión de días.
La gestión de la inmigración sigue siendo uno de los principales puntos de negociación entre ambas formaciones, especialmente en cuestiones relacionadas con la acogida de menores extranjeros no acompañados.
El endurecimiento del discurso del Partido Popular también se ha trasladado a la aplicación de la denominada ley de nietos, que desarrolla la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022.
Aunque actualmente Alberto Núñez Feijóo y otros dirigentes populares critican la medida por considerar que puede alterar el censo electoral, hace apenas cuatro años el propio líder del PP defendía la recuperación de la nacionalidad para hijos y nietos de exiliados como un derecho civil, si bien discrepaba de que se incorporara dentro de la Ley de Memoria Democrática.
El cambio de posición del PP se produce tras las acusaciones lanzadas por Vox sobre un supuesto "pucherazo". La última propuesta del partido de Santiago Abascal consiste en pedir a la Junta Electoral que elimine el voto por correo para los españoles residentes en el extranjero y que únicamente puedan votar de forma presencial en las embajadas y consulados españoles, una medida que obligaría, por ejemplo, a quienes viven en ciudades alejadas de las capitales consulares a recorrer miles de kilómetros para ejercer su derecho al voto.
El caso Kitchen y las cloacas centran la actualidad judicial
El juicio del caso Kitchen entra en su fase final con los informes definitivos de las partes. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que durante la vista oral ha quedado acreditada la existencia de una trama impulsada desde la cúpula del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y hacerse con documentación comprometedora para el partido. El fiscal calificó la operación como una "finalidad bastarda", completamente ajena a la investigación judicial del caso Gürtel.
La acusación mantiene su petición de 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, así como para quien fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez, y para el exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. En paralelo, la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo continuó ayer con la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Durante su intervención, el ministro reconoció que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, sí le informó del encuentro que mantuvo con Leire Díez, una afirmación que contradice las declaraciones realizadas por él mismo hace apenas un mes, cuando negó de forma tajante que dicha reunión hubiera llegado a producirse.
Este cambio de versión alimenta el debate político en torno a las investigaciones sobre las denominadas cloacas y sobre el alcance de los contactos mantenidos entre responsables institucionales y la conocida como "fontanera" del PSOE.
