El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sancionado a España por demorarse en adoptar todas las disposiciones necesarias de la directiva de conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidados, que exige el pago de la asignación por las dos últimas semanas del permiso parental.
Concretamente, la multa asciende hasta los 6,8 millones de euros que España tendrá que pagar si el incumplimiento prosigue una vez que se emita la sentencia, a la que habrá que añadir otra de 19.700 euros diarios hasta que el Gobierno acabe con él.
La directiva sobre conciliación fija requisitos mínimos para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo se refiere, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores que son padres o cuidadores.
El dictamen comunitario entró en vigor en 2019, pero se le dio más tiempo a los Gobiernos para que pudiesen implementar todos los cambios. Por tanto, los Ejecutivos europeos tenían hasta agosto de 2022 para trasponer la mayoría de disposiciones, que, entre otras, incluían la garantía de una baja parental intransferible y retribuida de forma adecuada. Asimismo, dio de plazo hasta agosto de 2024 las modificaciones relacionadas con el pago de las dos últimas semanas.
A propósito, fue la Comisión Europea la que advirtió a España de que no había aplicado plenamente la directiva, sobre todo en los que se refería a las trabajadoras regidas por el Derecho laboral y a los empleados públicos regulados por el Derecho administrativo.
Con todo, en su sentencia el TJUE ha fallado que España ha excedido el plazo de trasposición y que al no haber puesto en marcha las medidas necesarias, y, por ende, no haberlas comunicado a la Comisión Europea, España ha seguido incumpliendo el dictamen.
Es por ello que condena a España a pagar a la UE 6.832.000 euros, "en caso de que el incumplimiento persista en la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia" y una multa de 19.700 euros al día mientras este persistas. Además, nuestro país se tendrá que hacer cargo de las costas judiciales propias y de la Comisión Europea.
