La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este martes la aprobación de un nuevo real decreto-ley por el que se modifica el sistema de copago farmacéutico con la finalidad de blindar la equidad y así proteger las rentas medias y bajas.
García ha destacado que esta reforma "moderniza el sistema de copago farmacéutico para hacerlo más progresivo. Lo hace más sensible a la realidad social y más coherente con el principio de que nadie deje de acceder a un tratamiento necesario por motivos económicos".
Esta reforma ha sido impulsada de manera conjunta por los ministerios de Sanidad y Hacienda, y tiene como finalidad reforzar la equidad en el acceso a los medicamentos. De esta manera, pretende garantizar que las condiciones económicas no supongan una barrera para la continuidad de los tratamientos, sobre todo en un contexto marcado por el incremento del coste de vida y la incertidumbre económica internacional.
La reforma aprobada permite, de esta manera, implementar un sistema de copago más progresivo, sin incrementar la aportación que realizaban hasta ahora los diferentes colectivos.
Los niveles de aportación pasan de tres a seis tramos de renta
Una de las principales novedades de la norma confirmada por Mónica García, es la ampliación de los niveles de aportación para personas activas y sus beneficiarios, que pasan de tres a seis tramos de renta, ajustando de forma más progresiva los porcentajes de copago.
También se incorporan nuevos topes máximos mensuales de aportación para los colectivos con una renta anual inferior a 35.000 euros, que hasta ahora no contaba con un límite específico, con el objetivo de limitar el impacto económico en aquellas personas con tratamientos prolongados y en polimedicados.
Habrá un nuevo tramo intermedio para los pensionistas
En el caso de los pensionistas, según ha explicado Mónica García, la reforma introduce también una revisión de los tramos de aportación y de los límites máximos mensuales con el objetivo de reforzar la protección de las personas mayores con menores ingresos y garantizar la continuidad de los tratamientos de larga duración.
La norma incorpora un nuevo tramo intermedio para pensionistas con rentas entre 18.000 y 60.000 euros anuales, además de actualizar los topes máximos de aportación mensual de manera progresiva.
También se establece la exención automática para los pensionistas preceptores de complementos por mínimos, evitando que las revalorizaciones de las pensiones puedan provocar la pérdida de este derecho.
Incorpora la exención para personas beneficiaras del complemento de ayuda para la infancia
La reforma mantiene las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida o personas afectadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Además, se incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia.
Esta medida, según la Memoria del Análisis del Impacto Normativo, tendrá un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros. García destaca que la reforma contribuirá a mejorar la adherencia terapéutica, prevenir complicaciones evitables y reducir la presión asistencial derivada de interrupciones de tratamientos por motivos económicos.
