La Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han situado a la SEPI en el corazón de una presunta red de amaños en contratos y operaciones millonarias, en la que convergen intereses empresariales, cargos del PSOE y sociedades con participación pública.
En ese tablero, la presunta trama liderada por Leire Díez habría tejido relaciones con directivos de entidades dependientes de la SEPI y con intermediarios como Vicente Fernández, que presidió el holding y más tarde asesoró a Servinabar, empresa ya señalada en otros casos de corrupción.
El foco no está solo en las personas investigadas, que mantienen su presunción de inocencia, sino en el riesgo sistémico de que un instrumento clave del Estado haya podido ser utilizado como palanca para desviar dinero público.
Qué es la SEPI y por qué es tan estratégico su papel en la trama
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales es el gran holding público de la Administración General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, y agrupa participaciones en más de una veintena de empresas que operan en sectores críticos como la defensa, la energía, las comunicaciones, la alimentación o la industria.
A través de este entramado, el Estado controla compañías como Correos, RTVE, Navantia, Enusa o Mercasa, que, además de prestar servicios esenciales, gestionan contratos públicos de gran volumen y tienen capacidad de influir en la economía y el empleo.
Además de las participaciones accionariales, la SEPI administra fondos extraordinarios, como los creados durante la pandemia para rescatar empresas consideradas estratégicas, con líneas de apoyo que han superado cientos de millones de euros.
Esta combinación de poder financiero, capacidad de rescate y control sobre sociedades clave convierte a la SEPI en un actor especialmente atractivo para cualquier red que busque aprovecharse de la contratación pública o de decisiones de inversión del Estado.
La SEPI en el centro de la trama de Leire Díez
La trama que gira en torno a la figura de la fontanera Leire Díez se investiga por presuntos amaños en al menos cinco grandes operaciones vinculadas a administraciones y empresas públicas, entre ellas entidades dependientes o participadas por la SEPI.
Los informes de la UCO hablan de comisiones que superarían los 700.000 euros, ligadas a rescates empresariales y contratos en los que el grupo habría influido mediante contactos internos y mediadores bien situados.
En este contexto, el holding público no se analiza solo como un escenario pasivo, sino como el espacio institucional donde confluyen decisiones sobre contratos, nombramientos y rescates que la presunta red habría tratado de orientar a su favor.
La clave de la investigación es aclarar si determinados directivos o cargos en empresas participadas actuaron en connivencia con la trama o si fueron instrumentalizados sin conocimiento de las maniobras de los intermediarios.
Empresas vitales bajo sospecha
Los registros recientes se han extendido a sedes de Mercasa,Enusa y otras sociedades vinculadas a la SEPI, con el objetivo de localizar expedientes de contratación, correos electrónicos y rastros de posibles intermediaciones en favor de empresas privadas conectadas con la trama.
Algunas de las operaciones bajo la lupa superan los 130 millones de euros, entre contratos de servicios y operaciones de apoyo financiero, lo que eleva el impacto potencial para las arcas públicas.
En los atestados aparecen mencionadas compañías privadas como Forestalia o Acciona, ya señaladas en otros sumarios, que habrían participado en proyectos donde la intervención de la SEPI y de sus participadas resulta determinante.
La combinación de grandes volúmenes de dinero, decisiones discrecionales y una estructura empresarial compleja explica por qué la investigación se ha centrado en este ecosistema de empresas vitales para el Estado.
Vicente Fernández, el ex presidente que vuelve a escena
El nombre de Vicente Fernández emerge como uno de los nexos entre la SEPI y la trama de LeireDíez. Fue nombrado presidente del holding en 2018 y dimitió en 2019 tras ser imputado por el concurso de la mina de Aznalcóllar, causa en la que posteriormente resultó absuelto junto a otros acusados.
Años después, Fernández figura de nuevo en el centro de un caso de presunta corrupción como detenido en la operación dirigida por la Audiencia Nacional, esta vez por su relación con operaciones vinculadas a empresas de la órbita de la SEPI.
La documentación fiscal aportada en la causa detalla pagos de Servinabar al ex presidente del holding en calidad de asesor, situándolo como un posible intermediario entre la empresa privada y el entramado público que gestiona activos estratégicos del Estado.
Servinabar y el puente político con la SEPI
Servinabar, dedicada a la restauración, está controlada por el empresario Antxon Alonso y vinculada al entorno del dirigente socialista Santos Cerdán, cuyo nombre ha aparecido en varias investigaciones por corrupción en la contratación pública.
La empresa ya había sido señalada en el caso Koldo como beneficiaria de contratos y presunto canal de gastos y comisiones, y ahora vuelve a aparecer en el sumario de la trama de Leire Díez.
Los investigadores rastrean pagos periódicos de Servinabar a Vicente Fernández y su posible conexión con decisiones sobre contratos o rescates en sociedades participadas por la SEPI. La hipótesis a contrastar es si esta sociedad privada habría actuado como puerta de entrada para que la trama influyera en operaciones de empresas vitales para el Estado gestionadas desde el holding público.
Un riesgo sistémico para la gestión del sector público
La implicación de la SEPI en una causa de este calibre dispara las alarmas sobre los mecanismos de control y transparencia en el corazón del sector público empresarial. No solo está en juego la responsabilidad individual de los investigados, sino la confianza en una estructura que maneja grandes volúmenes de recursos y decisiones estratégicas en nombre del Estado.
El caso reabre el debate político sobre la colonización partidista de los consejos de administración, los sistemas de supervisión interna y la necesidad de blindar las empresas públicas frente a redes clientelares y tramas de comisiones.
A medida que avance la instrucción, el Gobierno se verá obligado a revisar protocolos y reforzar garantías para que entidades como la SEPI mantengan su papel como garantes del interés general y no como eslabones vulnerables de posibles esquemas de corrupción.
