De las detenciones de este miércoles, parecía más llamativa la de Leire Díez, pero a nivel político, la de Vicente Fernández, tiene todos los visos para convertirse en más trascendente. Su nombre aparece ligado a varios de los epicentros del caso Koldo y a las pesquisas sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas.
Abogado y funcionario, nacido en Málaga hace 52 años, Fernández se graduó en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1996. Tres años después obtuvo el número uno en las oposiciones al cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Desde entonces alternó puestos de responsabilidad dentro de la administración autonómica y el asesoramiento jurídico.
Su carrera política dio un salto en 2018, cuando la entonces consejera andaluza de Hacienda y hoy vicepresidenta primera, María Jesús Montero, lo eligió como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Era uno de sus hombres de confianza: antes había sido interventor autonómico y secretario general de Innovación, Industria y Energía en el último Gobierno de Susana Díaz.
La dimisión por el caso Aznalcóllar
Fernández permaneció al frente de la SEPI hasta octubre de 2019, cuando presentó su dimisión tras ser imputado en la investigación por el presunto amaño del concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar. El pasado viernes, la Audiencia Provincial de Sevilla lo absolvió junto a otras 15 personas, entre funcionarios y altos cargos.
De la SEPI a Servinabar
Tras dejar la empresa pública, Fernández solicitó autorización a la Oficina de Conflictos de Intereses para colaborar con Servinabar como asesor externo. Comenzó a hacerlo en mayo de 2021 y posteriormente asumió el cargo de director comercial de Servinabar 2000 SL, función que ejerció hasta 2023.
La compañía, vinculada a adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes y a contratos gestionados por Acciona, es una de las piezas centrales de la investigación judicial. Un informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo recoge incluso un contrato privado en el que el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría adquirido el 45% de Servinabar. Tanto Cerdán como el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García están siendo investigados por este entramado.
En 2025, la UCO situó a Fernández como intermediario en presuntos cobros de sobornos y como partícipe en irregularidades vinculadas a contratos públicos. Estas pesquisas están aún en desarrollo.
Su relación con Leire Díez
La investigación que afecta a Leire Díez, que fue responsable de comunicación de la empresa pública Enusa, dependiente de la SEPI, entre 2018 y 2021, también apunta a contratos adjudicados mientras era consejera de Cistec Technology (2021–2023). Ese es otro de los vértices que ahora examina el juez.
Los nexos entre ambas tramas, Servinabar y Cistec, están siendo analizados por la Guardia Civil, especialmente en lo relativo a posibles usos de influencias políticas dentro del sector público.
Su comparecencia en el Senado
El pasado 25 de julio, Fernández compareció en la Comisión de Investigación del caso Koldo-PSOE en el Senado. Su silencio ante las preguntas del PP desató fuertes críticas.
El senador popular Francisco Bernabé lo definió como "pieza clave y operador privilegiado de una maquinaria institucional corrupta" y cuestionó su patrimonio: "¿Cómo es posible que haya adquirido, en 7 años y solo con su sueldo, seis viviendas de lujo valoradas en varios millones de euros?"
Bernabé lo acusó de formar parte de una red clientelar que habría confundido "lo público con lo partidista", y le preguntó abiertamente por su relación con Montero, con Santos Cerdán y con Leire Díez. También lo interpeló sobre sus funciones en Servinabar y sobre supuestas reuniones en pisos clandestinos vinculadas a la trama.
Fernández se negó a responder, lo que el senador calificó de "desfachatez", y vinculó su silencio a su "íntima relación de confianza" con Montero.
