Mediaciones Martínez es una pequeña sociedad aragonesa dedicada formalmente a labores de mediación e intermediación que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y un auto de la Audiencia Nacional, habría funcionado como empresa pantalla para canalizar comisiones presuntamente ilegales. De acuerdo con los investigadores, la mercantil fue utilizada por la trama integrada por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso para facturar mordidas vinculadas a distintos expedientes públicos relacionados con la SEPI y otras entidades estatales.
A través de esta sociedad se habrían canalizado la mayor parte de los entre 700.000 y 750.000 euros que la UCO atribuye a la red en concepto de comisiones ilícitas, tanto para el reparto directo entre los investigados como para su posterior reinversión en operaciones inmobiliarias. El objetivo, según el sumario, era dotar de una apariencia de legalidad a ingresos que tenían su origen en decisiones administrativas presuntamente amañadas.
Desde el punto de vista formal, Mediaciones Martínez aparece descrita como una empresa de consultoría y mediación. Pero la clave está en que no tiene una estructura relevante, ni plantilla conocida ni actividad económica real acreditada en el procedimiento judicial. Por eso, esta ausencia de medios propios refuerza, para los investigadores, su carácter instrumental.
La empresa "receptora"
Según la resolución judicial, la empresa figura como receptora de pagos por supuestas "labores de intermediación" en operaciones que, en realidad, habrían sido impulsadas desde la órbita de Leire Díez y Vicente Fernández. Los investigadores sostienen que no existió un trabajo real de consultoría comercial o técnica y que esas labores se plasmaron en facturas, cuyo único fin era encubrir comisiones pactadas con anterioridad.
La Audiencia Nacional identifica a Mediaciones Martínez como el principal vehículo de cobro de las comisiones del denominado grupo "Hirurok", el triángulo formado por Díez, Fernández y Alonso. El auto judicial sostiene que los tres habrían utilizado su influencia en la SEPI y su red de contactos en el sector público para orientar expedientes administrativos y operaciones empresariales en favor de determinadas compañías, cobrando a cambio comisiones que eran derivadas a esta mercantil.
Más de 750.000 euros
La UCO cifra en torno a 750.000 euros el total de las mordidas que el grupo se habría repartido en cinco operaciones que, en conjunto, movieron cerca de 132,9 millones de euros de dinero público. El esquema descrito por el juez combina decisiones adoptadas por directivos de entidades públicas con una contratación y facturación ficticia desde Mediaciones Martínez, que permitía justificar pagos por servicios inexistentes y repartir posteriormente los beneficios.
Entre las operaciones bajo sospecha destaca el rescate de Tubos Reunidos S.A., aprobado por un importe de 112,8 millones de euros. Según los investigadores, el grupo "Hirurok" habría realizado gestiones para favorecer la concesión de esta ayuda y cobró alrededor de 114.950 euros en concepto de comisión, canalizados mediante facturas emitidas por Mediaciones Martínez.
Otra actuación relevante es la contratación por parte de Mercasa de un despacho de abogados y de la empresa Servinabar, vinculada a Alonso, para elaborar un informe técnico sobre la rehabilitación de su sede central. Ese informe habría servido para inflar el presupuesto de la obra en torno a un 50%, generando un sobrecoste del que una parte acabó derivándose a la empresa aragonesa como supuesto pago por intermediación.
Los informes policiales también detallan el destino del dinero que entraba en Mediaciones Martínez. Una parte sustancial se habría utilizado para la adquisición de bienes inmobiliarios en lugares como Marbella y Jaca, a través de sociedades o estructuras vinculadas a la mercantil, en lo que los investigadores interpretan como una estrategia para blanquear y consolidar las comisiones obtenidas. Además, el sumario recoge pagos directos a miembros de la trama, incluido un abono de 49.000 euros a Vicente Fernández procedente de la empresa pantalla.
Carmelo Aznárez
Detrás de la sociedad aparece de forma recurrente la figura de Carmelo Aznárez, asesor fiscal especializado y socio de Conaudire, a quien la UCO señala como el responsable de articular la cobertura formal necesaria para el funcionamiento del sistema. Aunque no formaría parte del núcleo político de la trama, los investigadores lo consideran una pieza clave para emitir facturas, recibir fondos y redistribuir el dinero hacia inversiones o pagos a terceros.
La coordinación entre Leire Díez, Vicente Fernández, Antxon Alonso y los responsables de Mediaciones Martínez resultaba esencial para el funcionamiento del entramado. Sin una empresa que aparentara prestar servicios de mediación y que sirviera como receptora de fondos, el circuito de mordidas habría quedado al descubierto.
