El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado, por un resultado de seis votos a favor y cuatro votos en contra, que la ley de amnistía, que se pactó en noviembre de 2023 y que entró en vigor hace un año, tiene encaje en el marco de la Constitución Española. Aunque no se despeja el futuro de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros políticos enjuiciados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, valoró esta decisión desde la cumbre de la OTAN en La Haya y aseguró que el Ejecutivo "siempre dijo que iba a ser una ley plenamente constitucional". "Han tenido todas las garantías para recurrir ante todas las instancias que quisieran, también el Constitucional. El Tribunal Constitucional ha fallado y ha dicho que es constitucional la ley que salió de las Cortes", añadió.
Sin embargo, esta decisión cuenta con el rechazo del Partido Popular y Vox, así como de estamentos como la Comisión Europea, que la considera "parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno" y niega que tenga "interés general" para la Unión Europea. De hecho, llega a calificarla como una "autoamnistía" que es "contraria al principio del Estado de derecho".
Además, los agentes de la CE argumentan que la obligación de "oír a ciertas partes del procedimiento" y no a otras, como Sociedad Civil Catalana, por ejemplo, es "contraria a los principios de contradicción y de igualdad de armas", por lo que impediría a las demás partes debatir "de forma contradictoria sobre los elementos tanto de hecho como de derecho decisivos para la resolución del procedimiento".
En nuestro país, figuras emblemáticas como el expresidente del Gobierno Felipe González han comentado en Onda Cero que se trata de "una absoluta falta de respeto al Tribunal Constitucional" y "una vergüenza para cualquier demócrata". "Conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto", ha añadido, al tiempo que ha considerado esta decisión como "un acto de corrupción política".
¿Qué delitos se amnistían?
Antes de entrar en materia, cabe recordar que amnistía no es lo mismo que indulto. Mientras que el último absuelve un delito cometido por el que el autor ha sido condenado; el primero libera al infractor y lo exime de ser juzgado por ello.
Los delitos que se amnistiarían serían aquellos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023 en el marco del procés catalán y que incluyen: la organización y celebración de las dos consultas independentistas -1 de octubre de 2017 y 9 de noviembre de 2014- que fueron consideradas como ilegales por la Justicia; así como la usurpación de funciones públicas; la desobediencia a la ley o los desórdenes públicos, solo cuando guarden relación con el procés.
Según explicó la directiva europea promulgada en 2017, los delitos que quedarían excluidos serían aquellos que conlleven "actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo" y que, por tanto, hayan podido causar la muerte, aborto o graves lesiones, así como aquellos que se encuentren tipificados como torturas o tratos inhumanos graves.
¿Qué ocurre con la malversación, Puigdemont y Junqueras?
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ratificado su decisión de no amnistiar el delito de malversación al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exconseller Antonio Comin. El TS ha basado su decisión de rechazar el incidente de nulidad presentado por las defensas en que esta ley no se puede aplicar cuando supone el "beneficio personal de carácter patrimonial". "Un sujeto se beneficia patrimonialmente cuando se incrementa su patrimonio, pero también cuando su patrimonio no decrece porque sus obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos", recoge el escrito firmado por los magistrados Vicente Magro, Susana Polo y Eduardo de Porres.
Con todo, esta decisión no supone que Puigdemont y Comin vayan a entrar en la cárcel de inmediato. Todo hace pensar que, al igual que el exvicepresident catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, solicitarán el recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Junqueras, Romeva, Bassa y Turull recibirán el veredicto en otoño, pero Puigdemont y Comin, en caso de solicitarlo, al ser más tarde, tendrán que esperar aún más tiempo.
Un hecho destacable es que el borrador del Tribunal Constitucional no recoge el delito de malversación, es decir, cabe esperar que se mantengan las órdenes nacionales de detención contra los líderes separatistas.
¿Qué pasa ahora?
Las posturas de los dos tribunales ya están definidas. El Constitucional ha avalado la ley de amnistía, es decir, ha manifestado que esta norma tiene cabida dentro de la Carta Magna. Mientras que el Supremo se niega a aplicar el texto al delito de malversación.
Al igual que han hecho Junqueras, Romeva, Bassa y Turull, es probable que Puigdemont y Comin soliciten también el recurso de amparo al Constitucional, que, dadas las últimas resoluciones que ha emitido, es altamente probable que lo atienda. Pero, en el caso del expresident y el exconseller, la decisión no se conocería hasta el 2026.
