Diferentes confederaciones de empresarios han mostrado su malestar por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para que las grandes empresas estén obligadas a garantizar la atención al cliente en catalán en todo el territorio nacional. Tanto la CEOE como la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) han advertido de que la medida supondrá un incremento de costes, más burocracia y un freno a la competitividad.
La CEOE ha recalcado su “preocupación” por las consecuencias de la medida, incluida en el pacto para modificar la Ley de atención a la clientela. Según la patronal, obligar a empresas de más de 250 trabajadores o con una facturación superior a 50 millones de euros a ofrecer servicio en catalán implica “un aumento de la carga burocrática, en contra de la necesaria reducción que venimos defendiendo en España y en el ámbito de la UE”. Además, advierten de que supondrá “un incremento de costes operativos y de adaptación”, con el riesgo añadido de “pérdida de competitividad” frente a otras compañías.
La organización empresarial también ha trasladado su “inquietud” por el impacto en la eficiencia y en la calidad del servicio, especialmente en aquellas compañías que no operan en territorios con lenguas cooficiales. El pacto afectará a sectores estratégicos como electricidad, gas, agua, telecomunicaciones, banca, aseguradoras, transporte ferroviario y aéreo, plataformas audiovisuales de pago o servicios postales.
Otra organización que se ha pronunciado es la patronal madrileña (CEIM) que considera que la obligación “atenta contra la libertad empresarial”. En un comunicado, subraya que “los empresarios de Madrid exigimos al Gobierno respeto a la libertad de empresa, en una economía regida por el intercambio y los precios en condiciones de igualdad, y dejar de lado las imposiciones, que tanto dañan la competitividad empresarial”.
CEIM incide en que la medida “es inaceptable” porque “introduce la política en las iniciativas empresariales”. A su juicio, se trata de un acuerdo que responde “solamente a un pacto político ajeno al interés general, que implica contentar a los nacionalistas y seguir en el poder”.
Los empresarios recuerdan que muchas compañías que operan en Cataluña ya ofrecen atención en catalán por decisión propia y estrategia de negocio, “sin necesidad de imposiciones”. Por eso, consideran que la iniciativa supone añadir costes y trabas en un contexto de elevada presión fiscal y social sobre las empresas. “Es intolerable introducir obligaciones, burocracia, costes y disfunciones por razones meramente políticas”, concluye CEIM.
