Durante su intervención ante el Pleno del Congreso para defender la aprobación de un decreto ley por el que se prorroga y modifica el PAE, la ministra ha indicado que, desde que se puso en marcha este programa en 2014, ha atendido a más de 233.000 personas.
Asimismo, ha añadido que el programa Prepara, de recalificación profesional para desempleados que han agotado su prestación por desempleo, dotado con una ayuda de 450 euros, ha favorecido a unas 700.000 personas desde que se puso en marcha a finales de 2011.
Báñez ha recordado que, entre 2012 y 2016 el Gobierno destinó al pago de prestaciones por desempleo y subsidios más de 125.000 millones de euros. No obstante, la ministra ha considerado que "tenemos que seguir avanzando en activar talento y dar oportunidades" porque aún quedan 3,5 millones de personas "que quieren trabajar y no encuentran empleo, de los que más de 1,5 millones llevan más de un año en desempleo y más del 50 % de ellos tienen una formación escasa".
Por ello, el real decreto Ley que defiende hoy en el Congreso de los Diputados tiene como objetivo prorrogar durante un año más el PAE y "mejorar los instrumentos para protección y activación de desempleados en España, para que nadie se quede atrás en la recuperación".
De esta forma, ha indicado Báñez, "se ampliará el acceso al PAE a más de 210.000 personas", con una inversión total de 537 millones, de los que 220 millones se dedicarán en 2017; y 317 millones, en 2018. La prórroga de este programa, que nació en 2014 tras el consenso entre Gobierno e interlocutores sociales en La Moncloa, ha sido acordada en la mesa de Diálogo Social sobre el plan de choque para el empleo, fruto de diálogo y el consenso con patronal y sindicatos.
En concreto, se renueva el PAE "manteniendo lo que funciona y mejorando la calidad de implementación", permitiendo el acceso a todos los parados que hayan agotado la prestación contributiva o subsidio por desempleo, y no sólo a los que vengan de RAI, Prepara o Prodi.
Asimismo, reducirá de 6 a 1 mes el plazo para solicitarlo tras haber agotado otras prestaciones, al tiempo que acortará de 360 a 270 días el plazo de inscripción como demandante de empleo, dentro de los 18 meses anteriores a la solicitud de incorporación. De esta forma, ha explicado Báñez, "se facilita la inclusión de más beneficiarios en el programa", también facilitando la búsqueda de empleo a través de agencias de colocación.