La aplicación de una futura ley de amnistía sigue generando reacciones por parte de la Justicia. Este lunes el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, anunció que apelará a la justicia europea si hay amnistía y la norma le obliga a no investigar a Puigdemont y a Tsunami Democràtic por terrorismo.
En concreto, García Castellón ha acordado dirigir la investigación contra el eurodiputado y expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, la dirigente de ERC Marta Rovira y otras diez personas.
Indicios de delitos terroristas
Respecto a los delitos investigados, el magistrado aprecia indicios delictivos de índole terrorista al entender que, en este momento indiciario e inicial, los hechos pueden tener la consideración de terrorismo.
Según confirmaron fuentes jurídicas a Onda Cero, de confirmarse una amnistía, antes de aplicársela a los investigados, el juez García Castellón planteará, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las dos vías del Supremo para combatir la amnistía
La cuestión prejudicial ante el TJUE es una de las dos vías que tiene el Supremo para combatir una amnistía. Si el magistrado García Castellón plantea la cuestión prejudicial, la corte comunitaria tendrá que comprobar si la amnistía concedida respeta el Derecho de la UE.
La otra vía con la que cuenta el Tribunal Supremo es la corte de garantías. Desde el instructor del 'procés', el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, hasta cualquier juez con procedimientos afectados por la amnistía podrán plantear una cuestión de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el encaje de este perdón en la Carta Magna.
La cuestión de inconstitucionalidad ante el TC se presentaría cuando le corresponda ejecutar la futura Ley de amnistía. Esta cuestión paralizaría el procedimiento en curso.
Una amnistía de los hechos que condujeron al 1-O favorecería no solo a sus líderes - el ex vicepresident Oriol Junqueeas y los otros condenados a los que se les indultó la cárcel pero no la inhabilitación-, sino también a decenas de cargosmenores: más de 40 potenciales beneficiarios.
