El juez Peinado ha citado a declarar como investigado al actual delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su posible participación en la contratación de la asistente de la mujer del presidente del Gobierno. En el momento de los hechos investigados él era secretario general de Presidencia y jefe de la asesora.
Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid precisa que acumula dicha querella a la causa en la que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
El magistrado admite parcialmente una querella interpuesta por Vox y cita para el 14 de mayo a la 13:30h a Francisco Martín Aguirre como investigado por presunta malversación de caudales públicos en relación con la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez.
¿Qué dice el juez Peinado?
Peinado explica que la querella de los de Santiago Abascal se centra en el nombramiento y funciones de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez, investigada en la causa, para atender a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de la participación que pudo tener en estos hechos Francisco Martín "por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021".
Indica que, según la querella, era el "responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez" y que Vox le atribuye tanto a él como a Álvarez y Gómez "la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación Administrativa".
Tras esto, explica que el delito de malversación de caudales públicos incluye el concepto penal de caudales que es "amplio" y que abarca "sin ánimo exhaustivo" asuntos como los billetes de lotería, el capital de las sociedades públicas, los bienes muebles y en general cualquier clase de bienes muebles y con valor económico, dinero, efectos negociables u otros bienes o derechos que forman parte de un activo de un patrimonio público.
Añade a esto como punto relevante para la causa que el delito también incluye "cualquier bien y fuerza de trabajo, incluidos por consiguiente aquellos supuestos en los que se utiliza a un empleado municipal en horas en las que debe prestar su servicio en el Ayuntamiento, y se beneficia de dicho trabajo un particular".
Sin embargo, el juez no ve indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez ni de Cristina Álvarez, ambas investigadas en la causa central, como sí argumentaba Vox en su querella. Aclara que "sí que existen indicios de ese posible delito, en cuanto a la participación a título de autor, cómplice o cooperador necesario, pero que no se alcanza a percibir, en qué medida la destinataria del nombramiento, por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada, pueda tener responsabilidad penalalguna".
Reclama a la Complutense que aclare quién contrató a la excoordinadora del máster
Por otro lado, también ha pedido esta mañana a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que aclare quién contrató a Blanca de Juan de Castro como coordinadora del máster dirigido por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
En una providencia, el juez ha pedido a la Escuela de Gobierno de la UCM que conteste en un plazo de 10 días dónde tenía físicamente su puesto de trabajo, cuál fue el proceso de selección para su contratación, cuáles eran sus funciones y qué retribución tenía y con cargo a qué partida.
El instructor ha adoptado esta decisión después de tomar declaración como testigo a De Juan el pasado febrero. Según fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por esta agencia de noticias, De Juan explicó en aquella ocasión que Begoña Gómez la propuso para coordinar el proyecto de Transformación Social Competitiva.
La excoordinadora también reconoció que llegó a poner en copia a la asesora de Gómez en Moncloa, la investigada Cristina Álvarez, en varios correos electrónicos enviados a Gómez. Con todo, De Juan incidió en que así lo hizo porque la asesora estaba interesada en los temas de agenda de la esposa de Pedro Sánchez para coordinar su seguridad. En aquella declaración, además, negó haber recaudado fondos para la cátedra o haberse reunido con el empresario investigado en la causa Juan Carlos Barrabés.
En el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, consta un correo de octubre de 2022 en el que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM informan a Álvarez de cómo registrar el dominio de la página web del máster. Dicho correo fue enviado también a Gómez y a De Juan.
En el 'email' figura un mensaje previo, de 7 de septiembre, en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
