El Pleno del Congreso decidirá este jueves, a través de una sesión extraordinaria, si convalida o deroga el decreto ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral en la administración pública y concede un complemento de insularidad en las Islas Baleares.
Como todo decreto ley, el texto está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que ahora el Congreso debe decidir si lo ratifica o no.
Una norma que permite al personal laboral de la administración a tiempo completo que no hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilación acceder a esta de forma parcial y anticipada siempre que, con carácter simultáneo, se celebre un contrato de relevo.
A pesar de que Podemos no mostrase discrepancias con el fondo de la norma, sí que ha exigido al Gobierno que retirara este decreto y presentara uno nuevo con el que, además, convertir a fijos a cerca de un millón de interinos en la administración.
Ante este escenario, CCOO ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen su convalidación, pues de lo contrario afirman que miles de empleados públicos no podrán acogerse a una jubilación parcial que, según la organización, favorece una transición ordenada.
Las condiciones para optar a la jubilación parcial
Las personas que quieran acogerse al régimen de jubilación parcial deberán cumplir una serie de requisitos que pasan por retirarse tres años antes de la edad de jubilación; acreditar un periodo de cotización de 33 años; tener una antigüedad en la empresa de seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial; que la reducción de su jornada de trabajo sea entre el 25% y el 75% y, si se anticipa en más de dos años, la reducción de jornada del primer año será entre el 20-33%.
Con esta modalidad, el empleado personal laboral podrá reducir la jornada laboral recibiendo la parte proporcional del salario por el tiempo de trabajo que sigue desempeñando y por el resto recibirá proporcionalmente la pensión.
El decreto ley establece que las administraciones tendrán que contar con un instrumento de planificación, preferentemente las ofertas de empleo, para establecer la cobertura de jubilaciones parciales. La oferta de empleo público de 2026 en la Administración del Estado ya ha incluido 854 plazas para la contratación de personal relevista fijo.
La norma fija también un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para facilitar la adaptación progresiva de las Administraciones al nuevo régimen. A su vez, incorpora una disposición adicional para la indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal destinado en Baleares y revisará las cuantías de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en la comunidad
