El exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro ha sido imputado por presuntamente utilizar su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas gasísticas. Estas eran clientes del despacho de abogados Equipo Económico, fundado por el exministro antes de entrar en el Gobierno, según recoge Europa Press.
En la trama están involucradas 28 personas y seis personas jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, de acuerdo con lo publicado por el diario 'La Vanguardia'.
Según el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, "el uso de tales potestades habría permitido a Equipo Económico (EE) poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público".
Las investigaciones, añade, "ponen de manifiesto la intencionalidad para aprobar una modificación 'ad hoc', es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores cuyos costes de electricidad también superasen el lindar del 50% de los costes de producción".
También evidencia que incluso correspondió a las empresas englobadas en la AFGIM (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos) "la redacción del texto propuesto para la elaboración de la norma que los incluyese en el citado beneficio fiscal, dando lugar a una situación que podría calificarse como sustitución o externalización indebida en el ejercicio de potestades normativas en la fase prelegislativa de la elaboración de la ley, así como de su reglamento de desarrollo".
Según el texto, el exministro "presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE".
Investigación a ex altos cargos
Dados los hechos, el juez ha acordado levantar el secreto de sumario sobre una causa que se abrió hace 7 años, demás de la condición de investigados a Montoro y otros diversos ex altos cargos del Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico, según la resolución.
