Así consta en un documento incluido en el sumario del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga la organización del referéndum donde se analiza los elementos de seguridad del futuro Estado independiente con fecha del 14 de septiembre.
El informe, elaborado por un grupo de asesores de eurodiputados de ERC, reconocía que la seguridad en el periodo de transición a la independencia era una cuestión "de vital importancia", ya que asumir las competencias de defensa sin tener una estructura sólida conllevaría la necesidad de depender de un tercer estado.
En este sentido, apuntaba la posibilidad de un ataque armado contra Cataluña como algo "poco probable" pero no completamente descartable. Y señalaba que el desarrollo de un sistema de defensa podría tardar entre cinco y diez años en estar totalmente desplegado. "Algunos estados europeos podrían estar dispuestos a garantizar protección para evitar que Cataluña se convirtiera en un agujero en las puertas de Europa, pero es poco probable que aceptaran esta carga a perpetuidad", asume.
Los independentistas ponían como ejemplo los casos de Austria, Dinamarca y Suiza, países comparables a Cataluña en población, dimensión o PIB, y que le servían para calcular que su república independiente necesitaría un Ejército compuesto por entre 18.000 y 22.000 efectivos. "La República catalana deberá plantearse si quiere un cuerpo de defensa y cómo será, si compuesto por profesionales o por milicias", reconocía.
También estudiaba los casos de Costa Rica y Panamá, países sin unas Fuerzas Armadas propias que dependen de otros estados y cuentan con una policía militarizada para su defensa. Según el estudio, esta situación no reduce el coste y además "presenta inconvenientes" por la dependencia externa.
Otro aspecto a debate era el de la presencia de Cataluña en organismos internacionales como la Unión Europea, la OTAN y la ONU, ya que sus autores consideraban que actualmente es "más recomendable" formar parte de este tipo de instituciones que mantenerse al margen.
Según asume el documento, ser miembro de la UE implicaría también participar en la política común de seguridad y defensa. Mientras, reconocía que la participación en la OTAN genera "más controversia" porque parte de la sociedad catalana tiene un sentimiento "antiimperialista".
Así, apuntaba la integración en la Alianza como "un compromiso" con los socios europeos y aseguraba que esto no supondría un mayor gasto en defensa, ya que países fuera de la OTAN como Suecia o Finlandia "acaban gastando más en defensa que la media de los que sí son parte".
En cualquier caso, contemplaba la integración en el denominado 'Partnership for Peace', un programa de la OTAN destinado a estrechar las relaciones con otros estados europeos y la antigua Unión Soviética que a su juicio "ofrece algunas ventajas sin comprometer la capacidad de decisión ni estar obligado a contribuir económicamente".
Con este escenario, el documento planteaba algunas preguntas sin cerrar a tan sólo dos semanas del referéndum independentista, como los riesgos a los que se enfrentaría la República catalana o los medios para combatir las amenazas.
También abría interrogantes sobre la posibilidad de creación de un cuerpo militar, la posición como país neutral o la participación en los organismos internacionales, con sus implicaciones de medios materiales y humanos y económicas.