La Fiscalía ha presentado un recurso contra la imputación por presunta malversación de Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, en el marco de la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. El Ministerio Público considera injustificada la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a Martín como investigado, al atribuirle la contratación de Cristina Álvarez como asesora, a pesar de que dicha designación se produjo tres años antes de que él accediera al cargo de secretario general de la Presidencia.
En el recurso, al que ha tenido acceso RTVE, la Fiscalía critica la falta de solidez en los argumentos del juez, que actuó tras admitir a trámite una querella del partido Vox. Según esta querella, Martín habría tenido responsabilidad jerárquica sobre Álvarez en 2021, por lo que debía responder por su nombramiento. No obstante, el fiscal subraya que la contratación se remonta a julio de 2018, cuando Martín aún no ocupaba ningún cargo en Moncloa.
La fiscalía duda
La Fiscalía reprocha la “débil fundamentación” del auto y advierte del riesgo de una “imputación casi automática por razón del cargo”, al tiempo que niega que haya indicios de que Martín participara en decisiones vinculadas al puesto de Álvarez. También descarta que existiera un uso irregular de fondos públicos o que el empleo de la exasesora tuviera como fin favorecer actividades privadas de Begoña Gómez.
El Ministerio Público argumenta que Álvarez ha desarrollado tareas de apoyo y coordinación propias de un cargo eventual, con plena dedicación, durante más de siete años, y considera que episodios aislados como la gestión de llamadas o correos no constituyen malversación. Añade que cualquier colaboración puntual con proyectos académicos vinculados a Gómez no perjudicó el desempeño de sus funciones ni implicó desvío de recursos.
El fiscal considera “inadmisible” que se mantenga la imputación sin pruebas concretas ni una exposición clara de los hechos, y afirma que esta decisión carece del respaldo jurídico necesario. Por ello, eleva directamente el recurso a la Audiencia Provincial, al entender que sus anteriores objeciones ante el juez Peinado no han recibido una respuesta adecuada ni en tiempo ni en forma.
La investigación judicial, que gira en torno a la supuesta implicación de Gómez en casos de tráfico de influencias y corrupción, incluye ahora esta polémica decisión judicial sobre Martín, cuestionada con firmeza por la Fiscalía.
