Fiscalía Anticorrupción: "Las "ansias de rapidez" por dar ayudas de los ERE eliminó "todo control""

El Ministerio Público ha continuado hoy exponiendo su informe final en el que mantiene la acusación contra 21 ex altos cargos de la Junta por prevaricación y malversación al crear y sostener un "procedimiento específico" cuyo "punto de partida" ha situado en una modificación presupuestaria de abril de 2000, aprobada por el Consejo de Gobierno presidido entonces por Manuel Chaves.

Desde ese momento, la Junta dejó de tramitar las ayudas de los ERE como subvenciones excepcionales concedidas y pagadas por la Consejería de Empleo con cargo a su presupuesto para encargarle el pago de esas ayudas al ente público IFA (luego IDEA) con fondos que la consejería -que seguía siendo el órgano gestor- le enviaba mediante transferencias de financiación.

Con ello, la Intervención de la Consejería de Empleo sólo fiscalizaba un expediente de traspaso de fondos a IFA en el que ya no se podía identificar el destino final del dinero. De la documentación presupuestaria, según la Fiscalía, no se

sabía que IFA se limitaba a pagar las ayudas sino que "más bien" se deducía que también las concedía y, por tanto, era una actividad propia, cuando al seguir gestionándolas la Consejería de Empleo "no se debió ni utilizar ni consentir el uso de transferencias de financiación".

De todo ello advirtió reiteradamente la Intervención en los informes de control financiero permanente de IFA/IDEA remitidos a los responsables de las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda procesados. Para la Fiscalía, la "gravedad de los hechos e incumplimientos" recogidos en esos informes era tal que "sólo la decisión consciente de no querer ver más adoptada por los encausados hizo que no se hablara de la constatación de un daño efectivo, real y cuantitativamente muy importante de menoscabo de fondos públicos".