La demandante, residente en Valls (Tarragona) y nacida en 1957, presentó una demanda contra España el pasado 29 de noviembre al estimar que no tuvo un juicio justo por no recibir una notificación personal de la multa impuesta por el Tribunal Constitucional por ejercer ese cargo en la consulta independentista.
También se quejó de que fue multada por un hecho que no constituye delito, de que fue discriminada por "ser objeto de una persecución política" y de no tener derecho a un recurso efectivo.