El juez Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.
En concreto, Peinado envía a un juicio con jurado a Gómez por sus presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El magistrado fundamenta la adopción de estas medidas en que se deduce la existencia de "indicios racionales de criminalidad" y argumenta que "a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida".
El magistrado ve posible que sus escoltas, "por iniciativa propia" o "siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", puedan colaborar en una eventual fuga de Gómez. Ante esto, la defensa señala que "en todo momento" la esposa del presidente se encuentra "acompañada y custodiada por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado", algo que para el magistrado no neutraliza el riesgo
Peinado sostiene incluso que esos propios agentes podrían colaborar en una posible huida, señalando que la condición de presidente de Pedro Sánchez es "efímera" y "transitoria", por lo que esta protección desaparecería en el futuro, facilitando "aún más" esa hipotética fuga. Estas mismas medidas se han extendido a su asesora, Cristina Álvarez, debido a su "estrecha vinculación personal" con Begoña Gómez.
El contraste respecto a la decisión del juez Calama con Zapatero
Un criterio judicial que choca frontalmente con lo ocurrido el pasado miércoles, cuando el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, rechazaba la imposición de medidas cautelares para el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
En ese caso, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado exactamente lo mismo: la retirada del pasaporte, la comparecencia en el juzgado cada quince días y la prohibición de salir de España sin autorización. Sin embargo, para el juez Calama, no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas al ser Zapatero una persona de notoriedad pública.
Calama descartó por completo las medidas cautelares contra el expresidente porque consideró que "su adopción supondría una restricción unjustified del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad".
