El Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo martes un real decreto con ayudas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y recibirá un informe del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre lo sucedido.
La previsión, según han informado a EFE fuentes del Gobierno, es que sea el propio Puente quien comparezca el martes en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión del Consejo, para dar cuenta de ese informe y de las ayudas para las víctimas del accidente.
Una rueda de prensa que protagonizará horas antes de comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso para informar también de los datos de que dispone sobre el accidente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó el pasado jueves, en una declaración en Toledo, que la Administración General del Estado, además de dar respuesta a la emergencia y volcarse en esclarecer lo sucedido, destinaría ayudas para los afectados.
Al igual que ante otras catástrofes, esas ayudas se recogerán en un real decreto que prevé aprobar el Gobierno el martes.
En esa reunión del Consejo, la primera tras el accidente ferroviario, Puente presentará un informe sobre lo sucedido y que recogerá, previsiblemente, detalles de las explicaciones que dio en rueda de prensa el pasado viernes en el Ministerio de Transportes.
Puente volvió a descartar en ella que vaya a dimitir y avanzó que está preparando una batería de medidas para minimizar la posibilidad de fallos técnicos y "recuperar la confianza" de los españoles en el sistema ferroviario.
Una confianza que el propio Sánchez admitió el viernes que está "quebrada" tras este accidente y el de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.
Nueve días después del accidente de Adamuz, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que fijaba una indemnización de algo más de 210.000 euros por fallecido como parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas.
En ese momento, Puente explicó que esa decisión se adoptaba porque los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de una tragedia, y que las víctimas no pueden esperar para recibir apoyo económico.
De la cifra destinada entonces para los familiares de cada fallecido, 72.000 euros correspondían a una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 euros más como consecuencia del seguro obligatorio.
En el caso de indemnizaciones por lesiones corporales, las ayudas se determinaron según el baremo existente, e iban desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad, hasta los más de 84.000 en los casos de mayor gravedad.
Cantidades todas ellas que Puente explicó entonces que se abonarían en un único pago y estarían exentas de tributación.
