El Tribunal Supremo (TS) ha cifrado en 79.942,70 euros las costas del proceso judicial por el que el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz fue condenado por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Así consta en una diligencia en la que el Supremo detalla que la minuta del abogado de González Amador asciende hasta los 64.778,78 euros, a los que hay que sumarle 13.603,32 euros de IVA, más 1.560,38 euros de los honorarios profesionales de la procuradora.
Cabe recordar que García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, a pagar 17.200 euros en concepto de indemnización y multa (cantidad abonada por la Unión Progresista de Fiscales) y a sufragar los gastos procesales.
El letrado de la pareja de Díaz Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos, presentó un escrito en el que esgrime "una evidente complejidad en ambas vertientes, material y procesal", para justificar sus honorarios. Manifestaba que "nunca antes un fiscal general del Estado había protagonizado la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de su función jurisdiccional de una persona vinculada a un representante público del partido político rival del Gobierno que le nombró". Señalaba, además, una "pluralidad de partes intervinientes en el procedimiento", el aforamiento de García Ortiz, la "destrucción" de archivos o la posición de la Fiscalía, favorable a la absolución del que fue su jefe.
Así las cosas, el letrado avisaba de "la falta de referentes objetivos y transparentes para la cuantificación de los honorarios a efectos de tasación de costas" y apunta que ajustará sus honorarios en función de "los criterios orientativos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid". Por ejemplo, Rodríguez Ramos tasa en 250 euros la preparación de cada uno de los interrogatorios (una veintena aproximadamente) o en 750 euros cada uno de los recursos de apelación aportados al tribunal.
Petición de indulto y reingreso en la carrera fiscal
Por otra parte, el Ministerio de Justicia tramita ya una petición de indulto para García Ortiz después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total, por lo que ya ha dado el primer paso, que consiste en pedir el preceptivo informe al Supremo.
González Amador ha solicitado, por su parte, la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos, y este ya se ha incorporado como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo.
La representación legal de González Amador pidió anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.
