La Comisión Europea (CE) ha criticado este martes que España no haya empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupción originalmente prevista para 2024, aunque sí ha reconocido que ha hecho algunos avances en la lucha contra la corrupción de alto nivel al reducir la duración de estas investigaciones.
Aumentar los esfuerzos para "abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y la fase de instrucción" para "aumentar la eficiencia en la gestión de los casos de corrupción de alto nivel" es una de las principales recomendaciones de la Comisión Europea a España en el informe del Estado de derecho de 2025, publicado este martes.
En plena crisis en el PSOE por la implicación y el envío a prisión del ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, por su supuesta implicación en el caso Koldo, la Comisión Europea señala que "aún no ha empezado el trabajo" en una estrategia nacional anticorrupción que la ley para proteger a denunciantes de corrupción requería para septiembre de 2024.
Además, el informe advierte del "alto riesgo de corrupción" en la contratación pública y en la financiación de partidos políticos, y critica que no se hayan hecho reformas clave, como la actualización de la legislación electoral o el refuerzo de las normas sobre conflictos de intereses en altos cargos. La Comisión también subraya la necesidad de dotar de mayor independencia y poder sancionador a la Oficina de Conflictos de Intereses.
Las recomendaciones del informe solicitan, al mismo tiempo, "continuar los esfuerzos para fortalecer el Estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de su mandato del relativo al Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía".
Por otra parte, el texto se hace eco también de las recientes protestas de jueces y fiscales que "reflejan las tensiones en torno a las reformas propuestas en el poder judicial", según el Ejecutivo comunitario. Asimismo, Bruselas reitera su preocupación por las críticas de responsables políticos al poder judicial, que podrían dañar la confianza de los ciudadanos en la justicia.
El informe dedica también espacio a otras cuestiones pendientes, como la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la falta de avances en transparencia y acceso a la información pública, y la situación del pluralismo informativo, alertando de que los periodistas siguen enfrentando desafíos en sus condiciones laborales y en materia de seguridad.
