La cancelación de las multas entrará en vigor automáticamente si los países miembros no se pronuncian en contra de la recomendación de la CE, para lo que tienen de plazo hasta el fin del día. También se adoptará, por procedimiento escrito, la nueva senda fiscal y el esfuerzo exigido a España y Portugal.
España tendrá que reducir su déficit del 5,1 % del PIB actual (con las ayudas a la banca) al 4,6 % este año, al 3,1 % en 2017 y al 2,2 % en 2018.
La CE no exige nuevas medidas a España este año, por lo que todo el peso de los ajustes recae en 2017 y 2018 con un 0,5 % del PIB en cada ejercicio, es decir más de 10.000 millones de euros.
Para los años 2017 y 2018, en el documento que aprobará mañana la UE sobre la nueva senda fiscal, los socios de España recogen la recomendación de la CE de que el país reduzca el número y el alcance de los gastos fiscales, en particular los tipos reducidos del IVA, introduzca una mayor automaticidad en la aplicación de la Ley de Estabilidad y mejore la transparencia en contratación pública.
Sugieren, además, que España pida explícitamente a las administraciones públicas incumplidoras que compensen los desvíos de gastos el año siguiente al que se produzcan.
La decisión también recoge que España quedará supervisada trimestralmente por sus socios.
Además de tener que demostrar el 15 de octubre si ha tomado medidas eficaces para corregir el déficit y presentar el proyecto presupuestario para 2017 a la CE, España deberá presentar a la Comisión y sus socios un primer informe el 15 de enero del próximo año y a partir de entonces cada trimestre.
La decisión de cancelar la multa fue tomada por consenso en el colegio de comisarios el 27 de julio, pese a que algunos vicepresidentes y comisarios abogaban por una sanción simbólica para salvaguardar la credibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en cuyo brazo correctivo se encuentran ambos países desde 2009.
La "intervención" del ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, junto con valoraciones políticas como el euroescepticismo, sociales por el esfuerzo que ya han hecho ambas sociedades, y económicas, para no perjudicar el crecimiento y la creación de empleo, decantó el balance a favor de la anulación de la sanción.
Solo el presidente del Eurogrupo y ministro holandés de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem, se mostró decepcionado por la decisión, y esta semana el presidente del banco central alemán, el Bundesbank, Jens Weidmann, opinó que el "incumplimiento de las normas debe tener consecuencias en algún momento".
En una reunión técnica el 29 de julio entre representantes de los países miembros quedó "más o menos claro que no hay apetito de revertir las recomendaciones de la CE", por lo que la UE parte del "escenario base es que ambas cancelaciones de las multas a España y Portugal, así como las recomendaciones nuevas (para la senda fiscal) entren en vigor tal y como lo propuso la Comisión".
De momento la UE confía en que España logrará formar Gobierno, aunque el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, admitió la "incertidumbre" cuando justificó la decisión de la CE de dar dos años extra al país y no solo uno.
Explicó que con solo un año adicional, hasta 2017, se corría el riesgo de un agravamiento de la situación, con lo que España se enfrentaba a un endurecimiento del procedimiento por déficit excesivo con "sanciones automáticas".
Fuentes comunitarias han dejado claro esta semana que no habrá sanciones automáticas ya el 15 de octubre si España no consiguiese formar Gobierno y aprobar el nuevo techo de gasto y el presupuesto.
La CE deberá primero valorar el proyecto presupuestario, comprobar si España ha tomado medidas eficaces y a partir de ahí y junto con las previsiones macroeconómicas de otoño, analizar si avanza en el procedimiento.
En todo caso, la legislación comunitaria establece varios pasos previos hasta llegar al final del camino a una multa de hasta el 0,5 % del PIB (5.405 millones de euros).
Por ahora la siguiente decisión será definir en septiembre junto con la Eurocámara la suspensión de los fondos europeos a partir de enero, que puede ascender al 50 % de los compromisos o el 0,5 % del PIB dependiendo de qué monto sea menor.
Si España y Portugal toman medidas inmediatas y se sitúan en el camino correcto en la nueva senda de ajuste, existe la posibilidad de levantar la suspensión.
