La JEC aprobó el pasado lunes una instrucción para asegurar el buen cumplimiento de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que entró en vigor el pasado diciembre y que se estrenará en las elecciones generales del 28 de abril.
Esa reforma, que fue impulsada desde la Asamblea de Madrid, permitirá que, por primera vez, más de 100.000 discapacitados intelectuales puedan ejercer este año el derecho a voto que, hasta ahora, tenían retirado por mandato judicial.
En el texto de la instrucción se establece que los interventores y apoderados de los partidos adscritos a los colegios electorales pueden registrar en el acta de la mesa electoral el DNI de aquellas personas con discapacidad cuyo voto cuestionen, aunque las papeletas se introducirán en la urna y no se impedirá el ejercicio del sufragio.
Ese permiso generó las protestas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) o la Fundación ONCE, entre otras asociaciones, así como de representantes políticos, como la eurodiputada del PP y vicepresidenta del Intergrupo Europeo de Discapacidad, Rosa Estaràs, o el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Iñigo Alli.
El parlamentario navarro, que en su día también registró en el Congreso una propuesta para facilitar el voto de personas con discapacidad, decidió escribir una carta de la Junta Electoral pidiendo la cancelación de esta instrucción. El pasado jueves, Íñigo Alli se reunió con letrados del órgano arbitral, que se comprometieron a proponer un cambio en la redacción.
Así, la propuesta que los letrados llevarán, este lunes, a la reunión de la junta es retirar la parte del texto en la que se permite señalar a los discapacitados registrando su DNI y, únicamente, se mantendrá la parte en la que se llama a los miembros de las mesas electorales a aceptar el voto de cualquier persona de este colectivo en cualquier caso.
