El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar definitivamente el próximo martes 29 de abril el proyecto de Ley que permitirá reducir la jornada laboral a 37’5 horas semanales. A partir de ese momento la iniciativa será trasladada para su tramitación al Congreso de los Diputados donde tendrá que recabar los suficientes apoyos para que pueda salir adelante. El Gobierno cuenta con cuatro meses aproximadamente, que es el trámite por la vía de urgencia que se ha solicitado para sacar adelante esta medida, para convencer a sus socios. Y es que de entrada, Junts per Catalunya, ya ha explicitado en sede parlamentaria que no están dispuestos a votar a favor de la reducción de la jornada laboral a 37’5 horas.
El que ha sido uno de los proyectos estrella de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en caso de salir adelante no podrá ser aprobado en los plazos que el Gobierno tenía previsto, porque la intención inicial del Ministerio de Trabajo era que esta medida se pudiera aprobar antes del verano para dar tiempo a las empresas a adoptar las medidas que fueran necesarias, y así que pudiera entrar en vigor a finales de este año 2025, tal y como se habían comprometido. Y es que el calendario estival que tenemos por delante, con las vacaciones de verano incluidas, hacen muy complicado que toda esta tramitación se pueda resolver en los tiempos previstos inicialmente, con lo que la nueva jornada laboral no podría ver la luz, por lo menos hasta el mes de octubre.
El anuncio lo ha hecho esta mañana la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, quien ha participado en el Congreso de CC.OO Industria. Desde allí, ha recordado Díaz que esta será “una de las políticas más difíciles que nos va a toca defender” y ha reclamado que siendo esta una de las medidas que más desean los españoles, “tenemos que convertir el sentido común en la calle en sentido común en el Parlamento”. Siendo consciente la ministra de Trabajo, que en estos momentos no cuenta con los apoyos necesarios en la Cámara Baja para aprobar la reducción de la jornada, mientras que la medida se da la circunstancia que se aprobará en el Consejo de Ministros la misma semana en la que los sindicatos saldrán a la calle para celebrar el próximo 1 de mayo, el día del Trabajo, con lo que todo hace prever, que esta jornada reivindicativa acabe tomando como bandera de este día, la reclamación de la jornada laboral de 37 horas y media.
Una reducción de la jornada laboral a la que se opone parte del Gobierno y la patronal
Tras más de once meses de negociación el Ministerio de Trabajo cerró un acuerdo el pasado 20 de diciembre del año pasado con los sindicatos después que la patronal se descolgara de la negociación. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido en todo momento que un cambio de estas características debía enmarcarse en la negociación de los convenios colectivos, criticando que se estén cambiando las reglas de juego a mitad del partido.
Una reducción de la jornada laboral a la que se oponen también los autónomos, porque ellos serán uno de los principales afectados. Así, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya ha advertido en más de una ocasión que esto supondrá para ellos un coste añadido entre los 21.000 y 24.000 millones de euros. Precisamente, fue el ministro de economía, Carlos Cuerpo, el que planteó retrasar la aplicación de la reducción de la jornada laboral para dar más tiempo a las pequeñas empresas para poderse adaptar a esta circunstancia, así como la posibilidad de desarrollar un plan de acompañamiento para los autónomos. Una medida, el plan de acompañamiento, que el propio Ministerio de Trabajo había puesto sobre la mesa en plena negociación con los agentes sociales para tratar de convencer a la patronal, pero que fue retirada después que la CEOE decidiera no suscribir el acuerdo.
De hecho, estos planteamientos del ministro Cuerpo le llevaron a protagonizar un enfrentamiento público con su compañera de Gobierno, Yolanda Díaz, quien acusaba al titular de Economía de intentar retrasar la aprobación de este proyecto de ley en el Consejo de Ministros y de intentar modificar el acuerdo que se había firmado con los sindicatos. Y es que el próximo martes, se podrá comprobar si finalmente el proyecto inicial ha sufrido algún cambio, algo que no sería descabellado, sobre todo después que hace unas semanas el propio secretario de estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, reconociera que estaban trabajando en algunas modificaciones para adaptar el proyecto de Ley a las recomendaciones que se habían hecho desde el Consejo Económico y Social.
Más control horario y derecho a la desconexión digital
El proyecto de Ley de reducción de la jornada laboral a 37’5 horas, contempla también algunos cambios que afectan también al registro horario de los trabajadores que ya está funcionando a día de hoy. Se trata de algunas modificaciones que lo que persiguen es reforzar el control y la transparencia a la hora de registrar la jornada laboral, como la obligatoriedad de realizar este registro a través de un sistema digital certificado que identifique de forma clara el inicio y el fin de la jornada laboral de cada trabajador, así como las pausas que se realicen, diferenciándolas claramente de las horas extraordinarias y complementarias. Además, el nuevo registro horario contempla que se deberá garantizar que la empresa no modifica en ningún caso estos registros sin haberlo chequeado con el trabajador, mientras que todos estos registros deberán guardarse durante un periodo mínimo de cuatro años.
La Ley incorpora además algunas novedades sobre el derecho a la desconexión digital que ya está recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Así se establece que todos los trabajadores tienen derecho a no recibir solicitudes laborales o comunicaciones de la empresa fuera de su horario laboral, garantizando así el respeto al tiempo personal de cada uno de los empleados. Ahora, lo que se añade es que este derecho se extiende también a todas aquellas personas que trabajan en remoto, estableciendo además, que se trata de un derecho irrenunciable y reforzando la protección de los trabajadores ante cualquier represalia de sus superiores.
De salir adelante, el proyecto de Ley de reducción de la jornada laboral de 37’5 horas, España se convertiría en el segundo país del conjunto de la UE con una semana laboral más corta, sólo por detrás de Francia que tiene establecida una semana laboral de 35 horas.
