La esperada reducción de la jornada laboral en España, una de las principales banderas políticas del partido Sumar, tendrá que seguir esperando. A pesar de las expectativas generadas en el marco de las negociaciones del Gobierno de coalición, la medida no ha logrado consolidarse para una entrada en vigor inmediata, debido a una combinación de factores políticos, económicos y sociales que siguen dificultando su implementación.
Principales obstáculos
Falta de consenso empresarial: Las patronales CEOE y Cepyme han mostrado su rechazo frontal a la reducción de jornada sin una compensación clara en materia de productividad. Alegan que un recorte de horas, sin ajustar la carga de trabajo, podría aumentar los costes laborales en un momento de incertidumbre económica. Por otro lado, consideran que adoptar medidas como esta tiene poco sentido si se tiene en cuenta las enormes diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas.
Negociación con los sindicatos: Aunque UGT y CCOO apoyan la medida, las negociaciones para pactar su aplicación sector por sector están siendo más complejas de lo previsto. Las diferencias sobre los ritmos y modalidades de implantación son aún significativas.
Prioridades legislativas: El Gobierno se enfrenta a un calendario legislativo cargado con reformas clave como el pacto de pensiones, la ley de vivienda y los compromisos europeos de transición energética, por lo que la reforma laboral no ha alcanzado prioridad absoluta en la agenda parlamentaria inmediata.
Incertidumbre económica: El contexto de la guerra arancelaria y los temores de recesión en Europa han llevado a sectores del Ejecutivo a recomendar prudencia. Implantar una reducción de jornada en plena ralentización podría, según algunos expertos, tensionar aún más a las pequeñas y medianas empresas.
Este asunto tiene además dividido a la población, ya que aunque desde un punto de vista social la reducción de la jornada laboral es popular entre la ciudadanía, pero por su parte economistas y políticos no tienen un consenso sobre si esta medida sería ideal para el momento de España.
La propuesta: menos horas, misma remuneración
Sumar defiende una reducción progresiva de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin disminución salarial, como parte de su apuesta por mejorar la calidad de vida, fomentar la productividad y avanzar hacia un modelo económico más sostenible. La medida pretende iniciarse de forma gradual, con la promesa de un primer recorte a 38,5 horas antes de 2025.
Sin embargo, aunque el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar incluía este compromiso, la letra pequeña de su desarrollo legislativo se ha topado con obstáculos que ahora retrasan su aplicación.
La intención inicial del Ministerio de Trabajo era que esta medida se pudiera aprobar antes del verano para dar tiempo a las empresas a adoptar las medidas que fueran necesarias, y así que pudiera entrar en vigor a finales de este año 2025, tal y como se habían comprometido. Y es que el calendario estival que tenemos por delante, con las vacaciones de verano incluidas, hacen muy complicado que toda esta tramitación se pueda resolver en los tiempos previstos inicialmente, con lo que la nueva jornada laboral no podría ver la luz, por lo menos hasta el mes de octubre.
Más control horario y derecho a la desconexión digital
La iniciativa de Sumar también incluye otros cambios como reforzar el control y la transparencia a la hora de registrar la jornada laboral, como la obligatoriedad de realizar este registro a través de un sistema digital certificado que identifique de forma clara el inicio y el fin de la jornada laboral de cada trabajador, así como las pausas que se realicen, diferenciándolas claramente de las horas extraordinarias y complementarias.
Además el proyecto de ley busca garantizar la desconexión digital de los trabajadores, que de hecho ya está recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Así se establece que todos los trabajadores tienen derecho a no recibir solicitudes laborales o comunicaciones de la empresa fuera de su horario laboral, garantizando así el respeto al tiempo personal de cada uno de los empleados.
Díaz, ha anunciado que continuará impulsando el diálogo social durante los próximos meses con el objetivo de alcanzar un acuerdo amplio antes de plantear una legislación definitiva. La perspectiva más realista es que la reducción de jornada vea avances graduales, con posibles programas piloto y negociaciones sectoriales, pero sin una entrada en vigor generalizada a corto plazo.
Así, de momento, la revolución laboral que pretende Sumar tendrá que esperar.
