Javier Lozano, ingeniero aeronáutico, tiene 66 años y ocho meses. Tras más de 40 años de carrera profesional y cotizando siempre por el tramo más alto, este mes ha recibido por primera vez su pensión de jubilación. No es cualquier pensión: son 3.267,60 euros al mes, en 14 pagas, lo que equivale a 45.746,40 euros brutos al año. Se trata del máximo que puede pagarse legalmente dentro del sistema público español de pensiones en 2025.
Ese "techo dorado", codiciado por muchos, es en realidad una meta a la que solo unos pocos logran llegar. La gran mayoría de los jubilados españoles no se acercan ni remotamente a esa cifra. Según datos oficiales, la pensión media de jubilación en España ronda actualmente los 1.430 euros al mes, y si se incluye el conjunto de pensiones contributivas (viudedad, orfandad, incapacidad), la media desciende hasta los 1.311 euros. Solo el 1,6 % de los pensionistas logra cobrar el tope legal. La pensión máxima, más que una realidad social, es una excepción estadística.
Cuánto es y por qué ha subido
La pensión máxima en España está fijada anualmente por el Gobierno, en función de la revalorización vinculada al Índice de Precios al Consumo (IPC). En 2025, tras una subida del 2,8 %, el límite mensual queda en 3.267,60 euros.Esto supone un incremento de 92 euros al mes respecto al máximo de 2024, que era de 3.175 euros.
El marco legal que regula esta cuantía responde a los compromisos de actualización automática aprobados en la reforma de pensiones de 2021. A partir de ese año, las pensiones contributivas se revalorizan en función del IPC real del ejercicio anterior, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los jubilados. Pero en el caso de la pensión máxima, además, se aplica una senda de aumento progresivo diseñada para que el límite suba gradualmente en las próximas décadas.
Esta evolución se acelerará tras 2050, cuando se prevé que la pensión máxima pueda crecer incluso más rápido que el IPC, como parte del plan para adaptar el sistema a la mayor longevidad y el envejecimiento de la población.
Las tres condiciones clave para alcanzarla
Cobrar la pensión máxima no es cuestión de suerte. Requiere cumplir con tres requisitos estrictos y simultáneos: edad, tiempo de cotización y bases máximas de cotización. En primer lugar, es necesario haber alcanzado la edad legal de jubilación, que en 2025 es de 66 años y 8 meses, salvo que se hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses, en cuyo caso se puede jubilar a los 65 años.
El segundo requisito es haber cotizado durante al menos 36 años y seis meses, aunque para alcanzar el 100 % de la base reguladora es preferible superar los 38 años cotizados. Cuanto más extensa sea la vida laboral y más continuo el historial de cotización, mayor será el porcentaje de la base que se aplicará al cálculo de la pensión.
El tercer requisito, probablemente el más exigente, es haber cotizado por la base máxima durante buena parte de los últimos 25 años. En 2025, esa base máxima asciende a 4.909,50 euros mensuales. Este dato es fundamental porque la pensión se calcula a partir de la base reguladora, que se obtiene promediando las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses), divididas entre 350. Si durante ese tiempo el trabajador ha cotizado por importes inferiores, la pensión se ajustará proporcionalmente a la baja, aunque haya cumplido los demás requisitos.
Una élite reducida: ¿quiénes la cobran realmente?
Solo un porcentaje muy pequeño de trabajadores logra cumplir los tres requisitos anteriores. Se trata de una élite laboral compuesta principalmente por directivos de empresa, altos funcionarios del subgrupo A1, médicos especialistas, ingenieros senior, jueces, notarios o pilotos de aviación, así como algunos autónomos societarios que han optado voluntariamente por cotizar por el tramo máximo durante décadas.
En todos estos casos, hay un elemento en común: altos ingresos sostenidos en el tiempo, estabilidad laboral y una carrera profesional sin grandes interrupciones. No son perfiles frecuentes en un país con tasas estructurales elevadas de temporalidad y desempleo, especialmente entre los menores de 35 años y los mayores de 55.
Para la gran mayoría, incluso quienes han trabajado más de 35 años, la posibilidad de llegar a los 3.267 euros al mes es remota. La presencia de lagunas de cotización, sueldos bajos en los primeros años de carrera o periodos de desempleo pueden reducir significativamente la base reguladora.
El incremento sostenido de las pensiones, unido al envejecimiento poblacional, ha convertido el sistema público en una pieza central de la política económica nacional. En junio de 2025, la nómina mensual de las pensiones contributivas ha superado los 13.560 millones de euros, y el gasto anual previsto en pensiones para este ejercicio supera los 200.000 millones, lo que representa más del 13 % del Producto Interior Bruto (PIB).
La sostenibilidad del sistema se ha convertido en una preocupación estructural. El Gobierno ha introducido medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la cotización de solidaridad, un recargo aplicado sobre la parte del salario que excede la base máxima. Esta sobrecotización no genera más derechos para el trabajador, pero contribuye a financiar el sistema de pensiones.
Pese a estos cambios, organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) advierten que el equilibrio a medio plazo sigue dependiendo de factores externos: la evolución del empleo, los salarios y la demografía. La llegada masiva de los nacidos en el baby boom a la jubilación, prevista para esta década, podría disparar aún más la factura pública.
¿Y si quiero cobrar más de lo que permite la pensión pública?
La ley es clara: no se puede cobrar más de 3.267,60 euros al mes en concepto de pensión pública contributiva. Quien aspire a ingresos superiores tras su retiro deberá planificarse por otras vías. Los instrumentos tradicionales para ello son los planes de pensiones privados, los fondos de inversión y los seguros de jubilación, aunque en los últimos años han ganado fuerza los planes de empleo impulsados por empresas o sectores.
Expertos en economía estiman que la pensión pública solo podrá cubrir, en el futuro, entre el 60 % y el 70 % del último salario. Por eso, recomiendan que los trabajadores empiecen a ahorrar con antelación si desean mantener su nivel de vida tras la jubilación.
Las reformas ya en marcha prevén que la pensión máxima crezca en los próximos años no solo al ritmo de la inflación, sino con un incremento adicional anual del 0,115 puntos porcentuales hasta 2050. A partir de esa fecha, el aumento se acelerará progresivamente hasta llegar a un tope ampliado en 2065. Según estimaciones actuales, esto podría situar la pensión máxima por encima de los 5.000 euros mensuales reales dentro de dos décadas.
Sin embargo, este escenario optimista dependerá de muchos factores: la evolución de la inflación, la productividad, el crecimiento salarial y la capacidad del sistema para soportar la carga de millones de nuevos pensionistas. También se discuten fórmulas alternativas, como ampliar el periodo de cómputo a 29 años, ajustar las pensiones a la esperanza de vida o introducir factores de sostenibilidad ligados a la edad de jubilación efectiva.
