La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no introducir en su legislación varios cambios en las normas sobre colchones de capital de la banca europea. El organismo estableció que los Estados miembro tendrían hasta noviembre de 2024 para fijar la nueva normativa, algo que no se ha cumplido en España.
Tras varias advertencias durante el 2025, la Comisión Europea ha decidido acudir al TJUE ante los insuficientes esfuerzos de España para transponer la normativa. Y es que el resto de países ya han incorporado las modificaciones en su legislación, mientras que las autoridades españolas no han notificado todavía las medidas con las que prevén implementar los cambios.
En concreto, España no ha trasladado determinados aspectos del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles que los grupos bancarios deben tener para financiar su propio rescate en caso de dificultades.
Solo España ha incumplido la normativa
Según denuncia Bruselas, hasta la fecha todos los Estados miembro salvo España han notificado ya la transposición de la norma, conocida como "Daisy Chain". En el caso de España, la irregularidad se mantiene a pesar de que los servicios comunitarios remitieron a las autoridades una carta de emplazamiento informando del inicio del expediente sancionador en enero de 2025.
Bruselas dio paso a la segunda fase del procedimiento de infracción en julio de 2025, con el envío de un dictamen motivado que daba un nuevo plazo para el diálogo para buscar una solución a las irregularidades, pero los contactos no han dado fruto y, por ello, la Comisión eleva ahora el caso ante la Justicia europea y pide una sanción financiera contra el país incumplidor.
Además, la Comisión Europea ha advertido de las consecuencias de no aplicar la norma: "Los grupos bancarios establecidos en España se verán privados de la posibilidad de beneficiarse del trato regulatorio favorable que proporciona la Directiva, lo que podría tener como resultado unos costes de financiación más altos que para grupos con la misma estructura establecidos en otros Estados miembros", apuntan.
Por otro lado, el organismo ha avisado de que si no se aplica la directiva persistirá la desigualdad de condiciones entre los bancos establecidos en España y otros Estados miembro. "La aplicación uniforme de las normas de la directiva es importante para el correcto funcionamiento del mercado único en el sector bancario, de modo que todos los grupos bancarios con la misma estructura operen con los mismos requisitos".
Las consecuencias para España
De no cumplirse con la normativa, las entidades que tendrían que ir a liquidación establecidas en España no se beneficiarán de las nuevas reglas, que, en general, les eximen de los requisitos de fondos propios y pasivos elegibles.
Esto generaría problemas de igualdad de condiciones, según la Comisión Europea, que subraya que una aplicación uniforme de la directiva es importante para el funcionamiento adecuado del mercado único para la banca. Por ello, la Comisión Europea ha decidido dar el último paso en el procedimiento de infracción y llevar a España ante el TJUE.
Y es que si España sigue incumpliendo la normativa, la corte podría dictaminar sanciones millonarias para el país.
