La concejala de Dereitos e Servizos Sociais de Santiago, María Rozas, ha negado que el Ayuntamiento sea responsable del impago de las nóminas de septiembre de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y ha calificado de "inaceptable" la actuación de la empresa adjudicataria.
Rozas ha asegurado que el Ayuntamiento "ha pagado siempre en tiempo y forma" y ha señalado que Raxoi tuvo conocimiento de la situación este martes, a través de los medios de comunicación y de las propias trabajadoras, pero no por parte de la empresa.
"El Ayuntamiento de Santiago no era conocedor de esta situación y sigue sin serlo oficialmente por parte de la empresa. Por tanto, la situación nos coge bastante por sorpresa", ha explicado la concejala en una rueda de prensa celebrada este miércoles.
El Ayuntamiento asegura estar al día en sus pagos
Rozas ha rechazado así las acusaciones que responsabilizan al Ayuntamiento del retraso en el pago de las nóminas. Según ha detallado, el Consistorio se encuentra "al día" en el abono de las facturas correspondientes al servicio.
"Si es una excusa que trasladó la empresa, no es real, no es verdadera. El Ayuntamiento siempre ha abonado con esta empresa las facturas en el plazo legal que tiene contemplado según el marco normativo vigente", ha defendido.
La concejala ha precisado que actualmente existe una única factura pendiente de pago, correspondiente al mes de agosto. Esta factura fue registrada por la empresa el pasado 17 de septiembre, por lo que, según Rozas, han transcurrido trece días.
Además, ha recordado que el Ayuntamiento lleva meses requiriendo a la empresa que acredite el pago de los salarios. "Todos sabemos que tampoco abonaron la paga extra del mes de junio", ha apuntado.
Según ha explicado, estos requerimientos se han realizado tanto verbalmente como a través de los canales oficiales. El Gobierno municipal también ha comenzado a aplicar las medidas previstas en el pliego de condiciones, incluidas sanciones.
"Estamos aplicando las medidas que están a nuestro alcance, implementando sanciones tal como están recogidas en el pliego y tal y como nos demandaron las trabajadoras y los propios usuarios", ha señalado.
El PP reclama una "respuesta inmediata"
La polémica también ha provocado la reacción del portavoz del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, quien había reclamado al Gobierno municipal una "respuesta inmediata" ante la situación de las trabajadoras del SAF.
Verea había solicitado que el Ayuntamiento aclarase si conocía el problema y qué medidas estaba adoptando para resolverlo.
El portavoz popular ha advertido del impacto que el retraso en las nóminas tiene sobre las alrededor de 200 trabajadoras afectadas, especialmente en un contexto marcado por el elevado coste de la vivienda y de la vida diaria.
"Dejar a 200 trabajadoras sin su nómina significa ponerles mucho más difícil pagar el alquiler o la hipoteca, hacer la compra o afrontar los recibos. No pueden ser ellas las que soporten las consecuencias de esta situación", ha denunciado.
Verea también ha cuestionado la gestión municipal y ha reclamado soluciones para garantizar tanto los derechos de las trabajadoras como la continuidad de un servicio dirigido a personas mayores y dependientes.
En respuesta, Rozas ha asegurado que las actuaciones que reclama el PP "llevan meses haciéndose".
El Ayuntamiento estudia acudir a los tribunales
María Rozas no ha descartado que el Ayuntamiento pueda recurrir a la vía judicial si la situación lo requiere. La concejala ha defendido que las administraciones no deben asumir los incumplimientos de las empresas adjudicatarias de contratos públicos.
"Todo lo que esté al alcance del Ayuntamiento se hará", ha afirmado, tras anunciar que en los próximos días se celebrarán diferentes reuniones para analizar la situación, también con los departamentos jurídicos municipales.
Rozas ha calificado de "inaceptable" que una empresa que, según ha señalado, factura millones de euros no abone los salarios de sus trabajadoras.
La concejala también ha avanzado que el Gobierno municipal no tenía intención de agotar la totalidad de la prórroga del actual contrato. De hecho, el nuevo contrato del servicio ya se encuentra en proceso de licitación y contempla un incremento de la dotación, que superará los siete millones de euros.
"El Ayuntamiento de Santiago no incrementa el presupuesto que sale de los recursos y de los impuestos de los vecinos para enriquecer a las empresas, sino para garantizar el mejor servicio y las mejores condiciones laborales para el personal", ha defendido.
UGT denuncia que el problema "no es puntual"
El sindicato UGT también se ha pronunciado sobre el conflicto y ha criticado que sean las trabajadoras del SAF quienes estén soportando las consecuencias del enfrentamiento entre la empresa concesionaria y el Ayuntamiento.
"No estamos hablando de una cuestión puntual: estamos ante un problema que se repite y que está generando una situación de abandono absoluto de las trabajadoras y un deterioro de un servicio esencial para personas que necesitan atención todos los días", ha denunciado la organización sindical.
UGT ha reclamado medidas concretas para resolver la situación y ha advertido de que las declaraciones institucionales no son suficientes para solucionar el problema.
"Los discursos no pagan las nóminas ni solucionan los problemas. Hacen falta medidas reales e inmediatas", ha reivindicado el sindicato.
