Tras más de dos décadas funcionando y aglutinando a dieciséis asociaciones y unos seiscientos negocios, la Fundación Unión de Comerciantes Coruñesa, (FUCC), se disuelve. Lo hace tras declararse en concurso de acreedores por no poder afrontar la sanción impuesta por la Xunta por prácticas irregulares en el manejo de subvenciones.
La administración gallega entregó a la FUCC ayudas que superaban los 30.000 euros anuales para financiar los parques infantiles móviles que llevó a distintos barrios para promocionar el pequeño comercio. La Xunta aportaba el 75% y la federación tenía que asumir el 25% restante.
El presidente de la FUCC, José Luis Boado, explica que debido a la alta contratación de actividades, consiguieron una rebaja de la empresa que organizaba estos parques móviles y que destinaron esa cantidad a sufragar la actividad. La Xunta les acusa de haberles ocultado durante cinco años estos descuentos. Boado insiste en que "no hay malversación ni apropiación indebida", sino un "error administrativo".
En un comunicado, la FUCC indica que "en ningún momento tuvieron intención de ocultar información ni de falsear documentación". Reafirman su "colaboración con la Xunta", que les insta a devolver más de 54.800 euros. De hecho, Boado explica que para no afectar a sus socios, han decidido optar por el concurso de acreedores y disolver la federación.
El presidente lamenta que el trabajo de más de veinte años quede oculto por esta denuncia que la Xunta ha llevado a la Fiscalía. En todo caso, cree que será necesario crear otra federación, "aunque sea desde las administraciones", para ayudar al comercio local.
