El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Extremadura correspondiente al ejercicio 2023, en el que se analizan las cuentas de las 51 entidades y 4 fondos sin personalidad jurídica que integran su sector público autonómico.
En opinión del Tribunal de Cuentas, excepto por los efectos de las salvedades señaladas, la Cuenta General de Extremadura de 2023 presenta la "imagen fiel" de la situación económicofinanciera y patrimonial del sector público autonómico, así como de la ejecución de sus presupuestos.
El informe pone de relieve que el sector público administrativo, que concentra la mayor parte del gasto, gestionó en 2023 un presupuesto definitivo de 8.226 millones de euros, con obligaciones reconocidas netas por 6.920 millones y un resultado presupuestario negativo de 266 millones de euros.
La Cuenta General incorpora las cuentas individuales y los estados consolidados del sector público administrativo, así como las cuentas agregadas del sector público y de los sectores empresarial y fundacional, si bien no se consolidan ni agregan las cuentas de los consorcios con presupuesto estimativo.
En términos generales, las cuentas individuales se adaptan a los principios y normas contables aplicables, sin perjuicio de las salvedades puestas de manifiesto en el Informe.
Entre las más significativas destacan las derivadas de deficiencias en el registro del inmovilizado no financiero y de los deudores presupuestarios, motivadas principalmente por la "falta de conexión entre el sistema contable y las aplicaciones de gestión", informa el Tribunal de Cuentas en nota de prensa.
El informe señala asimismo la "ausencia" de un sistema de gastos con financiación afectada, lo que "dificulta el adecuado cálculo del resultado presupuestario y del remanente de tesorería", así como la "integración indebida" de las cuentas de tres organismos autónomos y cuatro entes públicos en las cuentas de la Administración General, circunstancia que "impide conocer de forma individualizada su situación patrimonial y sus resultados".
La fiscalización pone de manifiesto, además, la ausencia de un sistema de supervisión continua y de controles de eficacia sobre las entidades dependientes que integran el sector público autonómico.
