El Pleno de la Asamblea de Extremadura convalidará este jueves el decreto ley acordado por PP y Vox para evitar la parálisis de la Administración regional entre acusaciones a ambos grupos, por parte de PSOE y Unidas por Extremadura, de "hurtar" la democracia al impedir que en esa sesión puedan ejercer su labor de fiscalización al Gobierno en funciones.
Se trata del decreto ley aprobado el pasado 13 de marzo por el Consejo de Gobierno en una reunión extraordinaria, tras ser consensuado con Vox, para modificar la Ley Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos.
En rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea, el diputado popular José ángel Sánchez Juliá ha explicado este martes que "lo que hace el Gobierno -con esta modificación normativa- es tomar medidas para seguir solucionando problemas del día a día".
"No es para que el Gobierno haga lo que quiere, sino para corregir rigideces, todo sujeto a la urgencia y el interés general", ha añadido el portavoz de los populares insistiendo en que el fin es "velar por el correcto funcionamiento de la Administración" ante un Gobierno en funciones.
Ha subrayado que es "ejercicio de responsabilidad" de la Junta y ha preguntado a PSOE y Unidas si quieren que la Junta pierda fondos finalistas, que no se concedan ayudas directas o no se convoquen las oposiciones a maestro, algo que se evita con esta modificación legal.
La portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, ha tildado de "inadmisible, inédita e indignante" que en el pleno de este jueves -en el que también tomará posesión la diputada Justa Núñez Chaparro en sustitución de Manuel Borrego tras ser elegido senador autonómico- solo se vaya a debatir este asunto.
Ha criticado que PP y Vox se hayan puesto de acuerdo para determinar que así sea y para denegar la solicitud de una sesión plenaria formulada por su grupo.
"Cuando quieren se ponen de acuerdo, y cuando no quieren, lo que hacen es jugar con el futuro de esta tierra", ha aseverado Álvarez, para quien "es una vergüenza, una falta de democracia y de decencia política que llevemos 163 días con la democracia secuestrada y amordazada en Extremadura por el capricho de PP y Vox".
No obstante, ha aclarado que el PSOE se abstendrá en la votación del decreto porque no va a impedir su tramitación, aunque sí exigirá que se haga como proyecto de ley.
Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, lamentado que la Asamblea sea ha convertido en un "circo" desde que PP y Vox negocian el nuevo gobierno y ha criticado también que el orden del día incluya solo la convalidación de un decreto ley que es "una barbaridad jurídica con dudosa legalidad y claramente antidemocrático" al pretender "dar funciones a un gobierno en funciones", por lo que votará en su contra.
Ha acusado a estos dos partidos de hurtar a la oposición su función de ejercer el control al gobierno, "que nos encomienda el Estatuto de Autonomía", lo que ha tildado de "antidemocrático" y se ha preguntado "qué miedo tiene Guardiola a enfrentarse a la oposición".
De Miguel ha advertido además de que el Ejecutivo proponga ahora esta modificación de una norma aprobada por el Gobierno del popular José Antonio Monago ahora que se ven "acorralados".
Sánchez Juliá ha acusado a PSOE y Unidas de irresponsabilidad y desconocimiento de la legislación extremeña dado que el pleno se convoca "por prescripción legal" porque la normativa establece que los decretos leyes deben convalidarse al mes de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Les ha acusado también de "entorpecer" y "enredar" al pretender preguntar al Ejecutivo sobre cuestiones que no son de su competencia o que no se pueden abordar en estos momentos.
Y ha manifestado al PSOE que el Parlamento no está cerrado como demuestra la convocatoria de la Comisión de Control de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) en la que va a comparecer a petición propia el director general de este ente público.
