Más de 50 organizaciones han exigido al Gobierno que "cumpla con el cierre acordado" de la central nuclear de Almaraz y han alertado de que prorrogar su uso costaría más de 3.800 millones de euros a la ciudadanía.
Esta reclamación se recoge en un manifiesto que han firmado organizaciones ecologistas, vecinales, sindicales y sociales, según ha señalado en un comunicado Ecologistas en Acción, una de las entidades firmantes.
El manifiesto se ha firmado coincidiendo con el 15º aniversario del accidente de la central nuclear japonesa de Fukushima, acaecido el 11 de marzo de 2011.
"Esta iniciativa ciudadana reclama al Gobierno de España el cumplimiento estricto del calendario pactado de cierre de las centrales nucleares en la península ibérica, comenzando por los reactores I y II de Almaraz en 2027 y 2028, respectivamente, como primer paso para eliminar los riesgos del sector nuclear, como los que a día de hoy sigue sufriendo la región cercana a Fukushima", afirma el comunicado.
Las organizaciones también denuncian las "presiones" de las empresas eléctricas por alargar la actividad de la central extremeña hasta 2030: "A pesar de que las eléctricas y el Gobierno pactaron el plan de cierre, la empresa titular de Almaraz, participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, ha solicitado una prórroga de funcionamiento del reactor I hasta el año 2030 que, de aprobarse, retrasaría el calendario previsto de cierre al menos tres años", avisan.
Afirman que la ampliación del calendario de cierre supondría un "sobrecoste acumulado" en la factura de luz de 3.831 millones de euros entre 2026 y 2033, además de "poner en riesgo" 26.129 millones de euros en inversiones previstas en energías limpias.
"Queremos un presente y un futuro con fuentes de energía renovables, locales y más democráticas, para frenar el cambio climático, tener seguridad de suministro y soberanía energética. La energía nuclear es un obstáculo para un futuro más estable, fiable y más seguro", señala el manifiesto.
Asimismo, las entidades destacan que en el último año se han "desaprovechado" 29,5 millones de megavatios/hora (MWh) de renovables "por la prioridad de entrada de la nuclear en la red". En este sentido, aseguran que las centrales nucleares "no aportan seguridad ni robustez al sistema", algo que se habría demostrado en el apagón eléctrico de 2025: "Las nucleares no son válidas para controlar tensión ante inestabilidades que podrían derivar en un nuevo apagón, y fueron la última tecnología en retomar la producción de electricidad", afirman.
Las entidades indican que el Gobierno tiene la capacidad legal para no autorizar la prórroga de Almaraz, ya que el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear "no es vinculante salvo si es negativo". Creen que la decisión "debe ser coherente" con la política energética y climática del Ejecutivo y remarcan que autorizar la prórroga es una "decisión política" que "debe entenderse como tal sin remitir a excusas técnicas que no dan razones reales para el mantenimiento de la actividad nuclear".
