Jueces, magistrados y fiscales han secundado este miércoles, día 11, ante la puerta de los juzgados extremeños en ciudades como Badajoz, Cáceres, Mérida o Plasencia un paro de 10 minutos convocado por diversas asociaciones para protestar por la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han convocado este paro, en el que se ha leído un manifiesto, en el que recuerdan que la Constitución de 1978 implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía.
Esta independencia "clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea", continúa el comunicado, "está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas". Entre estas, se encuentran el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, iniciativas ambas contra las que este miércoles reaccionan con este paro.
El primero, "tramitado injustificadamente por vía de urgencia", es un proyecto que no responde a demanda social alguna. Además, ha recibido un informe técnico "muy crítico" por parte el Consejo General del Poder Judicial.
Con el segundo anteproyecto referido, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que se quieren crear, seguirá nombrándose por el Gobierno "sin ningún tipo de filtro previo", lo que, sumado a la eliminación de las garantías de autonomía de los fiscales, incrementará "aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".
Estas reformas tienen lugar "en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía", con declaraciones políticas que "deslegitiman" las resoluciones judiciales que "molestan", que tratan al Ministerio Fiscal como un "apéndice" el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, continúa el comunicado, que expone que, con este paro, piden la retirada de ambos proyectos. En el caso de que no sea así, no descartan adoptar "medidas de conflicto más intensas", como la huelga.
