El secretario general de Presidencia de la Junta de Extremadura, David González, no ha entrado finalmente en la que XIV Conferencia Sectorial de Inmigración convocada para este jueves en el ministerio debido a la "opacidad" del Gobierno central.
Así lo ha señalado David González, quien ha explicado que se había desplazado este jueves a Madrid con la "voluntad" de participar en la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración, confiando en que, tras la carta remitida este pasado miércoles por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, a la secretaria de Estado, Pilar Cancela, el Gobierno de España facilitara finalmente la documentación e información solicitada por las comunidades autónomas.
Sin embargo, llegada la hora de inicio de la reunión, dicha documentación no había sido remitida, por lo que la Junta de Extremadura decidió no acceder a la Conferencia, una decisión compartida por un total de once comunidades autónomas.
En declaraciones a los medios de comunicación, David González ha señalado que la Junta de Extremadura no puede avalar "una política migratoria irresponsable y opaca" desarrollada por el Gobierno de España. En este sentido, ha lamentado que la Conferencia Sectorial haya sido "vaciada de contenido" y haya dejado de ser un verdadero órgano de cooperación entre administraciones.
POLÍTICA MIGRATORIA "DE ESPALDAS A LAS CCAA"
Según ha recordado, la última Conferencia Sectorial se celebró hace quince meses y que, desde entonces, el Ministerio ha desarrollado su política migratoria "de espaldas a las comunidades autónomas", por lo que ha lamentado que el Gobierno central pretende ahora que las autonomías respalden decisiones adoptadas "de forma unilateral", sin haber participado en su diseño, pese a que serán las responsables de afrontar "las principales consecuencias del proceso de regularización masiva de personas migrantes sobre los servicios públicos esenciales", ha dicho.
Así, ha apuntado que serán las comunidades autónomas y las entidades locales "las que deberán asumir el impacto de este proceso de regularización en ámbitos tan sensibles como la sanidad, los servicios sociales, la educación, la vivienda o el empleo", ha afirmado.
Asimismo, González ha denunciado la "deslealtad institucional" del Gobierno central, al convertir la Conferencia Sectorial "en un instrumento de unilateralidad, imposición y opacidad", tras lo que ha criticado el Ministerio ha ignorado "de forma sistemática" las aportaciones realizadas por las comunidades autónomas y ha incumplido el reglamento de organización y funcionamiento de este órgano de cooperación.
"En estas condiciones, el Gobierno de Extremadura no va a participar en una simulación de Conferencia Sectorial", ha subrayado.
Entre las razones expuestas para justificar la ausencia, el secretario general también ha señalado que el Ministerio no ha facilitado las actas ni las transcripciones de las reuniones preparatorias de esta Conferencia Sectorial, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.
En ese sentido, ha criticado que el Gobierno central continúe sin trasladar información esencial sobre el desarrollo e implantación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, "incumpliendo, los compromisos adquiridos con la Comisión Europea y privando a las comunidades autónomas de información necesaria para planificar sus actuaciones", ha señalado.
Del mismo modo, González ha denunciado que el Ministerio sigue sin presentar el informe sobre el impacto económico que tendrá el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en los servicios cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas.
En este sentido, ha advertido de que el Ejecutivo central tampoco ha ofrecido una estimación oficial sobre el alcance real de dicha regularización. "Las previsiones apuntan a que podría afectar a alrededor de 1,3 millones de personas, una cifra que genera incertidumbre y desconfianza mientras el Gobierno no aporte datos oficiales", ha señalado.
Asimismo, ha lamentado que las comunidades autónomas tampoco hayan participado en la elaboración del llamado Plan de Integración y Ciudadanía, pese a ser las administraciones encargadas de desarrollar buena parte de las políticas de integración.
Por último, David González ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura con una política migratoria "basada en la transparencia, la coordinación institucional y la corresponsabilidad entre administraciones", frente a lo que ha defendido una política estatal "consensuada con las comunidades autónomas, adaptada a las necesidades reales del mercado laboral y sustentada en un control eficaz de las fronteras".
