La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, inicia este martes el juicio por las supuestas irregularidades en la adjudicación de las basuras de Orihuela, con la primera de las piezas separadas del conocido como ‘caso Brugal’.
Inicialmente, la Fiscalía solicita penas de 37 años para el empresario adjudicatario del servicio, Ángel Fenoll; 12 años para el exalcalde del PP José Manuel Medina y ocho para la exregidora, también del PP, Mónica Lorente.
En el procedimiento van a ser juzgadas 34 personas. Mañana, el miércoles y el jueves será el turno para las cuestiones previas planteadas por las defensas.
La semana que viene, será el turno para que el ministerio público y la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Orihuela, respondan a las cuestiones planteadas.
Las declaraciones de los procesados no empezarán hasta el 7 de mayo.
En la causa se han investigado supuestas irregularidades en la tramitación y adjudicación del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en diferentes concursos del Ayuntamiento de Orihuela.
Esta es una de las causas derivadas del 'caso Brugal', cuya instrucción se cerró en octubre de 2014 tras siete años de investigación judicial. La Fiscalía Anticorrupción acusa a 34 personas, entre ellas, exediles del consistorio oriolano, administradores de empresas y personas del entorno de Fenoll. El fiscal considera que Lorente cometió fraude y prevaricación -por este último delito pide inhabilitación para todos ellos- y Medina además cohecho.
En conjunto considera que los distintos acusados cometieron -con diferente grado de autoría y por distintas personas- fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, delito electoral, uso de información privilegiada, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a las autoridades y funcionarios.
Las penas solicitadas oscilan entre los nueve meses por fraude y los más de 37 años que reclama para Ángel Fenoll, que fue quien aportó a Fiscalía una serie de conversaciones en las que se abordaba el concurso público para conseguir el contrato de adjudicación de basuras, por 8,5 millones de euros, que fue lo que permitió abrir la investigación.