La Unió Llauradora i Ramadera ha solicitado a la Conselleria de Agricultura la elaboración de un protocolo de actuación y un calendario de aplicación de medidas frente al riesgo de entrada de la peste porcina africana (PPA) en la Comunitat Valenciana, tras conocerse el reciente brote detectado en jabalíes silvestres de Cataluña.
La organización agraria mostró su preocupación después de que la Generalitat activara el pasado lunes un plan de medidas preventivas y mantuviera una primera reunión con la Federación de Caza y representantes de Medio Ambiente y Agricultura, antes de abordar la situación con el sector porcino valenciano. Según LA UNIÓ, esta decisión ha causado “honda inquietud” entre ganaderos y veterinarios, que esperaban ser informados y consultados en primer lugar ante un asunto “estrictamente sanitario y de enorme trascendencia económica”.
La PPA está regulada por el Reglamento (UE) 2016/429 y el Reglamento delegado (UE) 2020/687, así como por el Real Decreto 361/2009, que establece el programa nacional de vigilancia. El conjunto normativo incide en la prevención, la bioseguridad en las explotaciones y el control del transporte como ejes fundamentales para evitar la introducción de esta enfermedad, inocua para las personas pero letal para el porcino.
Según las informaciones trasladadas al sector, la Generalitat estudia reforzar el control sobre las poblaciones de jabalí, especialmente en el entorno de la AP-7. LA UNIÓ coincide en la necesidad de actuar sobre la fauna silvestre, pero advierte de que el riesgo no se limita a esta vía. Recuerda que otros corredores viarios como la N-340, la N-332 y diversas rutas por las que transitan camiones de ganado, transportistas y viajeros presentan un nivel de amenaza similar o incluso superior. También considera críticos los accesos y zonas de influencia de aeropuertos, puertos comerciales y puntos logísticos. Limitar la estrategia a una sola infraestructura “crea una falsa sensación de protección” y no se ajusta —según la organización— a los criterios técnicos de la UE en materia de bioseguridad y trazabilidad.
En este contexto, LA UNIÓ reclama un marco de actuación “completo, riguroso y transparente”, acorde con las exigencias europeas y con el peso económico del sector porcino valenciano. Subraya que las medidas orientadas a la fauna silvestre son necesarias, pero no pueden sustituir el refuerzo de los controles en las explotaciones, la vigilancia de movimientos, la inspección del transporte ni el seguimiento analítico, además de la coordinación efectiva con todos los agentes implicados.
La entidad exige que se haga público “a la mayor brevedad” el protocolo que la Generalitat prevé aplicar, con actuaciones específicas en las principales carreteras —AP-7, N-340, N-332 y otras—, así como en aeropuertos, puertos y nodos logísticos.
Asimismo, pide la creación de un fondo específico de emergencia para afrontar los costes derivados de un posible foco, con criterios “objetivos y previsibles” para las explotaciones afectadas. También insta a la Generalitat a solicitar al Ministerio de Agricultura la inclusión urgente de la PPA en las coberturas de los seguros agrarios, ante la gravedad y el impacto potencial de la enfermedad.
LA UNIÓ reclama, por último, la máxima coordinación con los veterinarios oficiales, las empresas integradoras y los servicios de control del transporte, en línea con las obligaciones del Reglamento delegado (UE) 2020/687 y la legislación española de sanidad animal.
Las pérdidas provocadas por la fauna silvestre figuran entre las reivindicaciones de la manifestación-tractorada convocada por LA UNIÓ para el próximo 18 de diciembre en València.
Los cazadores reclaman mayor coordinación con la Administración
La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana ha asegurado que lleva “una década advirtiendo” a la Administración autonómica sobre el crecimiento descontrolado de la población de jabalíes, una situación ante la que —según denuncian— solo han recibido “desatención y falta de apoyo”, pese a que ahora se les solicita colaboración para hacer frente a la amenaza de la peste porcina africana (PPA).
La presidenta autonómica de la Federación, Lorena Martínez, ha lamentado que los cazadores hayan tenido que soportar durante años “la presión constante de determinados colectivos ecologistas”, que —según afirma— han actuado “con total impunidad” e incluso con episodios de “agresiones”, mientras el problema “se hacía cada vez más difícil de atajar”.
Martínez ha recordado que la población de jabalí “se ha disparado un 200 % en la última década” en la Comunitat Valenciana y que actualmente se estima en 150.000 ejemplares, una cifra que, a juicio de la entidad, supone un riesgo tanto para la seguridad vial como por su papel como potencial vector en la transmisión de la PPA.
Desde la Federación insisten en que la situación actual exige “medidas urgentes y coordinadas”, pero reclaman también que se reconozca la labor de los cazadores en el control de fauna y en la prevención de daños agrícolas y sanitarios.
